La organización México Evalúa ha presentado un documento titulado «Política Criminal Integrada: Combatir la violencia y la impunidad de manera articulada», en el que se analiza la grave crisis de seguridad y justicia que atraviesa México y se ofrecen propuestas concretas para revertirla. El documento destaca la necesidad de un enfoque integral y coordinado entre las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, así como entre los tres poderes federales, para abordar los problemas estructurales que perpetúan la violencia y la impunidad en el país.
Un panorama alarmante
México enfrenta niveles históricos de violencia e impunidad. Durante el sexenio 2018-2024, los homicidios dolosos se mantuvieron en cifras alarmantes, con un promedio anual de 30 mil casos, lo que equivale a aproximadamente 81 homicidios diarios. Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó más de 100 mil personas desaparecidas al cierre de mayo de 2022. A esto se suma un índice de impunidad superior al 90%, según cálculos del programa de Justicia de México Evalúa, lo que refleja una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia.
La Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI reveló que el 60.5% de los adultos considera la inseguridad como el principal problema social del país. Asimismo, la cifra negra —delitos no denunciados— supera el 90%, con víctimas que señalan desconfianza en las autoridades, trámites complicados y miedo a represalias como motivos principales para no denunciar.
Las fallas del enfoque actual
México Evalúa identifica varios problemas clave en las políticas actuales:
– Falta de articulación: Las estrategias de seguridad y justicia operan de manera desarticulada, sin una visión sistémica que integre a las instituciones responsables. Esto ha derivado en esfuerzos aislados que no abordan las causas estructurales del problema.
– Enfoque punitivo: A pesar de reformas constitucionales como la transición al sistema penal acusatorio en 2008 y la reforma en derechos humanos en 2011, el sistema sigue siendo reactivo y basado en un enfoque punitivo. Esto contradice el paradigma garantista bajo el cual se diseñaron dichas reformas.
– Medidas insuficientes: Programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida han sido implementados para atacar las causas estructurales del crimen organizado, pero sus resultados son limitados y aún no se reflejan en una reducción significativa de la delincuencia juvenil o del reclutamiento forzado por cárteles.
Propuestas para un cambio estructural
Ante este escenario, México Evalúa plantea siete políticas públicas divididas en dos categorías: acciones rápidas para el corto plazo y cimientos para una transformación a largo plazo. Estas propuestas buscan articular los esfuerzos entre instituciones y niveles de gobierno para garantizar una política integral en materia de seguridad y justicia penal.
Acciones rápidas
1. Fortalecimiento institucional: Mejorar las capacidades operativas y administrativas de policías, fiscalías y tribunales mediante capacitación constante, recursos adecuados y evaluación periódica.
2. Revisión del uso de prisión preventiva oficiosa: Limitar su aplicación indiscriminada para garantizar respeto a los derechos humanos y mejorar la eficacia del sistema judicial.
3. Prevención del delito: Diseñar programas sociales basados en evidencia que ataquen las causas estructurales del crimen organizado, como la desigualdad económica y educativa.
4. Mejoramiento tecnológico: Implementar sistemas tecnológicos avanzados para la recopilación, análisis e intercambio de información entre instituciones encargadas de seguridad pública.
Cimientos para la transformación
1. Articulación interinstitucional: Crear mecanismos permanentes de coordinación entre policías, fiscalías, jueces, defensorías públicas y centros penitenciarios.
2. Participación activa de los tres poderes: Involucrar al Ejecutivo en el diseño de políticas públicas; al Legislativo en la definición clara de delitos y penas; y al Judicial en garantizar acceso efectivo a la justicia.
3. Enfoque integral: Desarrollar una política criminal integrada que considere tanto aspectos preventivos como reactivos, incluyendo reinserción social para reducir reincidencia.
El llamado a un acuerdo nacional
México Evalúa subraya que estas propuestas requieren un acuerdo nacional amplio que garantice su implementación efectiva. Esto implica reconocer que seguridad y justicia son temas interdependientes: sin justicia no hay confianza ciudadana ni prevención efectiva; sin seguridad no hay condiciones para garantizar derechos fundamentales.
La organización también enfatiza que resolver esta crisis no es posible con soluciones simplistas o promesas vacías. Se necesita un enfoque basado en evidencia científica, planeación estratégica y compromiso político para transformar las instituciones responsables.
Conclusión
El documento presentado por México Evalúa es un llamado urgente a cambiar el rumbo frente a una crisis persistente que afecta a millones de mexicanos. Las propuestas buscan construir un sistema articulado capaz de reducir significativamente los índices de violencia e impunidad. Sin embargo, su éxito dependerá del compromiso real por parte del próximo gobierno federal y los actores involucrados.
Es hora de pasar del discurso a la acción concreta: solo con estrategias integrales será posible construir un país más seguro y justo para todos sus habitantes.
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