Una de las razones para que la presidenta Sheinbaum enviara al Congreso una iniciativa para prohibir que un familiar suceda en un cargo de elección al gobernante en turno fue por casos como el que se da en Boca del Río, Veracruz, en donde la alcaldesa es Patricia Lobeira, esposa del nuevo aliado morenista Miguel Ángel Yunes Márquez, además del que tenemos en Huixquilucan, en donde la esposa del actual senador panista Enrique Vargas del Villar lo sucedió en el puesto.
Pero también por la manera en que se han heredado gubernaturas como en Coahuila entre los hermanos Moreira y por lo sucedido en Guerrero, en donde al verse impedido de ser candidato, Félix Salgado Macedonio impulsó a su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado.
Así que muchos aplaudieron que la presidenta prohibiera que los cargos de elección sean controlados por una familia, algo que sucede en entidades como Zacatecas con la familia Monreal; uno de los hermanos es actualmente gobernador, dos más son senadores –uno de ellos es visto como posible candidato a convertirse en mandatario estatal–, pues se trataría de poner freno a una de las situaciones que más críticas ha recibido de parte de la ciudadanía.
Pero cuando llegó el momento de la votación en el Senado, nos enteramos que el Partido Verde negoció para que la entrada en vigor de la reforma en contra del nepotismo fuera hasta 2030, no en 2027, año en el que habrá elecciones en San Luis Potosí para renovar su gubernatura y el actual mandatario estatal, Ricardo Gallardo Carmona, podría entregar el poder a su esposa y actual senadora Ruth González Silva, además de que Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávlia podría buscar también las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, el primero recibiendo de su hija el poder estatal y el segundo de uno de sus hermanos.
Y es que detrás de esta maniobra hay todo un cálculo político del Verde para no perder posiciones gracias a su ventajosa alianza con Morena, misma que le ha permitido obtener votos y prerrogativas que de otra manera no hubiera podido alcanzar.
De acuerdo al columnista de El Universal Salvador García Soto, «de aprobarse esa iniciativa, que entraría en vigor en 2027, justo el año en que se renueva la gubernatura potosina, la senadora Ruth González quedaría impedida para ser candidata y el gobernador no podría impulsarla como su sucesora en el cargo por su relación familiar y conyugal. Eso, según los verdes, sería una maniobra política de Morena y de la presidenta para habilitar como candidata a gobernadora de San Luis a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , a quien, además de despejarle el camino a la gubernatura, le pondrían en bandeja su venganza contra el gobernador Gallardo, quien en las pasadas elecciones al Senado saboteó a la hermana de la titular de Segob, Rita Ozalia Rodríguez, para favorecer a su esposa Ruth González».
Pero como es posible llegar a un acuerdo, a pesar de las diferencias y los intereses encontrados, con la votación que manda la entrada en vigor de la reforma hasta 2030, las cosas seguirán igual, aunque falta conocer que opina la presidenta de esta situación y si realmente puede hacer valer su autoridad.
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