Hay una estrategia de control de daños que Morena ha desplegado ante el fantasma de la corrupción, con el caso Segalmex como epicentro. En septiembre de 2025, con el primer año de Claudia Sheinbaum en el poder, las acusaciones de desvíos millonarios en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) resurgen como un talón de Aquiles para el partido. Este escándalo, calificado como el mayor fraude del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), involucró presuntos sobrecostos y contratos fantasma por más de 15 mil millones de pesos, beneficiando a redes cercanas al expresidente. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han documentado una trama de proveedores ficticios y pagos irregulares, con Ignacio Ovalle Fernández —exdirector y aliado de AMLO— como figura central, cuya fortuna creció inexplicablemente durante el esquema.
Morena, consciente de que la corrupción erosiona su narrativa anticorrupción —pilar de la Cuarta Transformación (4T)—, ha activado una operación sutil de defensa. Fuentes periodísticas y redes sociales señalan el uso de «plumas pagadas»: columnistas y analistas reconocidos que, a cambio de compensaciones, publican piezas que desacreditan las investigaciones. Por ejemplo, artículos en medios afines minimizan Segalmex como «exageraciones opositoras» y presentan «pruebas en descargo» —como auditorías internas selectivas— que exculpan a AMLO, argumentando que los desvíos ocurrieron sin su conocimiento directo. En X (antes Twitter), usuarios críticos como @gelgogg1981 han expuesto cómo figuras públicas evaden preguntas sobre Segalmex, etiquetándolas como «plumas pagadas» al servicio del partido. Esta táctica no es nueva; durante el sexenio de AMLO, se documentaron campañas similares para contrarrestar la «Estafa Maestra» del PRI, pero ahora se intensifica ante el huachicol fiscal —otro golpe de 200 mil millones de pesos anuales, 20 veces mayor que Segalmex— que salpica directamente a la élite morenista.
El cálculo es claro: si AMLO cae en descrédito, arrastra a Morena. Encuestas de El País (septiembre 2025) muestran una caída del 12% en la intención de voto para los comicios de 2027, atribuida a estos escándalos. Sheinbaum, en su informe de gobierno, prometió «cero tolerancia», pero sin detenciones emblemáticas en Segalmex —a diferencia de casos opositores como el de Hernán Gómez—, la percepción de impunidad persiste. Opositores como el PAN, liderados por Ricardo Anaya, amplifican el ruido, comparando Segalmex con fraudes históricos y exigiendo investigaciones independientes. En redes, posts virales como el de @Mike_Oviedo ridiculizan las defensas oficiales, llamándolas «milagros» fallidos.
Analíticamente, esta operación busca diluir el impacto a mediano plazo. Con elecciones en la Cámara de Diputados en 2027 y presidenciales en 2030, Morena apuesta por su maquinaria clientelar: programas sociales como Alimentación para el Bienestar, herederos de Segalmex, para reconectar con bases populares. Sin embargo, si investigaciones como el libro «El retrato de un fraude» —que detalla la red empresarial detrás— ganan tracción, o si filtraciones revelan pagos a influencers, el boomerang podría ser letal. AMLO, como símbolo intocable, es el pegamento ideológico; su erosión fragmentaría al partido, beneficiando alianzas opositoras.
En suma, Morena navega aguas turbulentas. El control de daños vía plumas pagadas es un parche temporal, pero sin reformas judiciales creíbles, la corrupción podría transformar el «sueño 4T» en pesadilla electoral. El tiempo, y las urnas, dictarán sentencia.
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