En un movimiento que ha generado controversia en el panorama político mexicano, el partido Morena y sus aliados aprobaron recientemente en la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, autorizando un endeudamiento neto interno de hasta 1.78 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a años anteriores, acercándose a los 2 billones de pesos cuando se considera el impacto acumulado en la deuda pública total, que se proyecta en 20.2 billones de pesos para finales de 2026, equivalente al 52.3% del PIB. Esta decisión, impulsada por la mayoría legislativa de Morena, busca financiar el sostenimiento de los programas sociales y las megaobras emblemáticas heredadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, proyectos que han sido criticados por su alto costo y cuestionable rentabilidad económica.
El contexto económico actual revela una presión fiscal creciente. Durante el sexenio de AMLO, la deuda pública se duplicó, pasando de aproximadamente 10.5 billones de pesos en 2018 a más de 20 billones en 2025, según datos oficiales. Esta expansión se justifica por el gobierno como necesaria para mantener el bienestar social, pero analistas independientes señalan que refleja una falta de disciplina fiscal. López Obrador priorizó iniciativas populistas, como los programas de pensiones para adultos mayores, becas para jóvenes y apoyos a personas con discapacidad, que han beneficiado a millones de hogares. De hecho, estos programas sociales han contribuido a reducir la pobreza en un 5.1% entre 2018 y 2022, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al tiempo que el salario mínimo aumentó en un 135%. Sin embargo, el costo ha sido elevado: tres de cada cuatro pesos del presupuesto 2026 ya están comprometidos en pagos de deuda y transferencias sociales, dejando poco margen para inversión productiva.
Paralelamente, el gobierno federal ha intensificado lo que algunos críticos denominan «acoso fiscal» para recaudar más recursos. La reciente reforma al Código Fiscal de la Federación amplía la vigilancia estatal sobre transacciones digitales y plataformas en tiempo real, generando preocupaciones por posibles violaciones a la privacidad y derechos individuales. Además, se aprobaron incrementos en impuestos a productos como refrescos, tabaco y electrolitos, lo que podría elevar la carga tributaria promedio por contribuyente en alrededor de 2,023 pesos anuales, destinando parte de estos fondos a subsidiar a Pemex, la empresa estatal de petróleo que acumula pérdidas millonarias. Esta estrategia busca compensar el déficit fiscal proyectado entre 3% y 3.5% del PIB para 2025, sin recurrir a una reforma fiscal integral, como presumió la Secretaría de Hacienda.
Los defensores de Morena argumentan que estas medidas son esenciales para continuar la «transformación» iniciada por AMLO, quien enfatizaba el cumplimiento de promesas sociales por encima de indicadores macroeconómicos tradicionales. Programas como Bienestar han llegado a un 36% de los hogares mexicanos, un máximo histórico, aunque su cobertura en hogares pobres ha disminuido ligeramente. No obstante, opositores del PRI, PAN y MC denuncian que esta política equivale a un «terrorismo fiscal» y un abuso, ya que prioriza el clientelismo electoral sobre el crecimiento sostenible. En redes sociales, como X (antes Twitter), se multiplican críticas que acusan a Morena de duplicar la deuda en solo siete años y de robar recursos a través de esquemas como el huachicoleo fiscal.
El impacto a largo plazo podría ser severo. Con un crecimiento económico estimado entre 1.8% y 2.8% para 2026, México enfrenta riesgos de calificación crediticia negativa por agencias como Moody’s o Fitch, que ya han advertido sobre el deterioro fiscal. Además, el costo financiero de la deuda ascenderá a 1.57 billones de pesos, casi el doble de 2018, lo que limita recursos para salud, educación e infraestructura crítica. Si bien los programas sociales han salvado votos para Morena, como evidenció su victoria en 2024, no necesariamente salvan vidas ni impulsan un desarrollo equitativo, según análisis de The Economist. La administración de Claudia Sheinbaum, sucesora de AMLO, hereda este dilema: equilibrar el legado populista con la estabilidad económica.
En resumen, esta aprobación de deuda y el endurecimiento fiscal marcan una continuidad en la agenda de Morena, pero también exponen vulnerabilidades. Sin ajustes estructurales, México podría enfrentar una crisis fiscal similar a la de décadas pasadas, donde el endeudamiento excesivo frenó el progreso. La oposición insta a un debate más amplio, mientras el gobierno defiende su enfoque en el pueblo. El futuro dependerá de cómo se administren estos recursos en un entorno global incierto.
