Antes de que MORENA llegara al poder, sus líderes condenaban el uso de fuerzas militares para el combate al crimen organizado: ¡Que los soldados vuelvan a sus cuarteles! Era la consigna repetida para exigir que la tropa no participara en labores de seguridad pública.
Y al llegar al poder, el régimen morenista efectivamente ordenó a los militares dejar de perseguir al crimen; sin embargo, no envió al Ejército a los cuarteles: decidió usar a la milicia como mano de obra, a sus mandos como administradores de instalaciones estratégicas como aduanas, puertos y aeropuertos hasta que, finalmente, convirtió a ambas instituciones en accionistas o concesionarias de empresas aéreas, construcciones y otros negocios que han terminado por desnaturalizar y corromper a muchos mandos militares, arrastrando a ambas instituciones hacia la sospecha y el desprestigio.
La captura del contraalmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del ex secretario del ramo durante el sexenio de López Obrador, José Rafael Ojeda Durán, anunciada el viernes 5 de septiembre, acusado de operar la red de huachicol fiscal, así como las sospechas dadas a conocer el día de hoy sobre el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, son solo la constatación de que MORENA corrompió al Ejército y la Marina.
Una nota publicada en El Sol de México el sábado 13 de septiembre, firmada por el reportero Aldo Canedo, ofrece un giro interesante sobre el tema. En ella se afirma que la Fiscalía General de la República (FGR) descubrió la red de huachicol fiscal utilizando 45 antenas de telefonía y rastreando 1,526 comunicaciones privadas de 5 empresas y 101 números telefónicos para identificar las operaciones y actividades en las inmediaciones de las aduanas portuarias de Ensenada, Guaymas, Manzanillo y Veracruz y que ingresaron al sistema financiero más de 4,591 millones de pesos.
La nota genera preguntas inquietantes, pues si existen en México sistemas altamente sofisticados de investigación e inteligencia para estos fines, son precisamente los que poseen el Ejército y la Marina; si se movieron esas cantidades de millones de pesos no consta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se haya percatado de estos movimientos y haya interpuesto las denuncias ante la Fiscalía, como se desprende del propio reportaje, que además afirma que están en curso indagatorias contra 555 empresas presuntamente involucradas en la red de huachicol fiscal.
Habrá que ver si en su oportunidad la FGR da a conocer información que señale cómo y cuándo se integraron tales empresas, la red de relaciones políticas o influencias que les permitieron acercarse a PEMEX o a la Marina para involucrarse con el comercio exterior de combustibles y a quienes les compartían los beneficios de esta actividad ilícita.
La nota, publicada al inicio de puente vacacional, dando a conocer mucha información pero dejando mucha más a la imaginación, es un ejemplo de la política de comunicación que no compromete, que se usa estratégicamente y que mantiene ocultos asuntos con claro interés público.
There is no ads to display, Please add some
