El tema de las pensiones millonarias de innumerables funcionarios de entidades como PEMEX y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), requiere de diversas precisiones e investigaciones a fondo por parte de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, que en una mañanera de Palacio Nacional, citó el tema y el caso de un personaje de identidad desconocida que cobra una pensión de un millón de pesos, al mes. También se debe investigar del asunto en la CFE.
Fieles a su ideología antiobrera, muchos medios se dieron a la tarea de un linchamiento mediático retomando las falacias del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el sentido de que la desaparición de la empresa pública, Luz y Fuerza había obedecido a su alto costo a las finanzas del país.
Nadie puede oponerse a que los excesos de estos altos funcionarios que en su momento hicieron un uso discrecional de su cargo para asignarse costosas pensiones, como altos salarios que cobraron en estas dependencias, sean corregidos, pero debe hacerse un deslinde de lo que representan las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que por 30 años, se ganaron el derecho a un retiro digno para su vejez. No es el mismo la condición de un trabajador que la de ex Directores de la CFE, como Alfredo Elías Ayub –que contribuyó a la entrega de la CFE a trasnacionales—o del último titular de LyFC, Jorge Gutiérrez Vera. Sus pensiones deben ser canceladas y verificar si ex funcionarios como Manuel Bartlett o Guillermo Nevárez, gozan de estas prebendas.
Debe analizarse de manera objetiva y justa, que muchas de estas pensiones fueron producto de las conquistas que sindicatos como el Mexicano de Electricistas (SME), lograron a lo largo de décadas de lucha plasmándolas en su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
Los hoy jubilados del SME contribuyeron en su momento, como generaciones enteras de electricistas, a levantar, fortalecer y operar la infraestructura eléctrica en el centro del país; ningún funcionario ni gobierno les ha regalado nada, porque lo obtenido fue en base a su esfuerzo y entrega. Situación muy distinta a la de muchos funcionarios golondrinos que llegaban con los presidentes en turno o por recomendaciones o amistad, pero carentes de una vocación de servicio a la nación.
Hay que decirlo claro: los trabajadores no son responsables de que muchos de los gobiernos neoliberales hayan acabado con los fondos de jubilación. Y tampoco lo son de los pésimos manejos financieros y desfalcos del Estado, mediante los rescates bancarios operados a través de organismos como el IPAB y el FOBAPROA.
Al segundo piso de la 4T le asiste el derecho de anular estas pensiones de oro a esos ex funcionarios neoliberales que han vivido por muchos años con holgura y a costilla de los impuestos que pagamos millones de mexicanos, pero debe diferenciarse a los jubilados que obtuvieron sus pensiones en base a las condiciones pactadas en su derecho a la negociación colectiva y plasmadas en su CCT, de esta burocracia de oro de la que también formaban parte los ex presidentes a los que se les canceló su pensión de más de 200 mil pesos.
No debe pasarse por alto que estas prestaciones y conquistas de la clase trabajadora son irrenunciables, por lo que también es momento de que esa enorme deuda pública conlleve a una Reforma Fiscal que grave las fortunas de los grandes capitales que por años, gozaron de una permitida evasión fiscal por parte de muchos ex presidentes.
El análisis de los ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2026, debe checar con lupa el rubro de estas pensiones de oro, pero no afectar a las de los trabajadores que las ganaron en justicia, a lo largo de décadas de trabajo. De cara al país, debe aclararse que unas y otras son temas totalmente distintos.
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