La esfera política mexicana contemporánea se ve cada vez más permeada por un debate crucial: la creciente percepción sobre la instalación de un gobierno con tintes autoritarios. Esta inquietud, aunque negada por el oficialismo, se alimenta de un conjunto de declaraciones y acciones tanto de la presidencia como de figuras prominentes del partido en el poder, Morena, que han generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad y observadores internacionales. El análisis de esta dinámica requiere una aproximación objetiva y desapasionada, que permita comprender las bases de esta percepción y sus posibles implicaciones para el futuro democrático del país.
Desde la óptica presidencial, la respuesta a las críticas sobre un supuesto giro autoritario ha sido enérgica y recurrente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado estas acusaciones, calificándolas de «campaña» orquestada por la oposición y atribuyéndolas a un «mucho enojo» y «odio» por parte de sus detractores. Un ejemplo claro se observó en sus defensas de la elección judicial, un ejercicio que, a pesar de ser tachado de «montaje grotesco» por la oposición, fue defendido por la mandataria como un proceso válido. Sheinbaum también ha negado que iniciativas de ley busquen la censura, como en el caso de la regulación del ciberacoso. Asimismo, la mandataria ha empleado un lenguaje contundente al referirse a figuras de la oposición, como la pregunta retórica «¿Quién le cree a este hombre?» dirigida a un líder partidista, lo que, para algunos, refuerza la percepción de una descalificación sistemática del disenso. La defensa presidencial se enmarca en una narrativa que acusa a la oposición de intereses ocultos y de querer «que le vaya mal a México».
Paralelamente, líderes de Morena han contribuido a esta polarización discursiva. La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, ha sido una voz activa en la crítica a la oposición. Sus declaraciones, en las que ha afirmado que los opositores «quieren que le vaya mal a México», o ha calificado a partidos como Movimiento Ciudadano de «derecha» que «no representan una nueva política ni un pensamiento progresista», evidencian una estrategia de confrontación ideológica. Más allá de la polarización, Alcalde ha llegado a sostener que a la oposición «no les gusta la democracia», acusándolos de intentar «boicotear» procesos electorales y tildándolos de «símbolo de la antidemocracia y de la hipocresía». Ha argumentado que la oposición está «totalmente desprestigiada» a nivel nacional y busca respaldo en el exterior, insinuando una falta de conexión con la ciudadanía. Esta retórica, que descalifica y minimiza a los adversarios políticos, alimenta la percepción de un gobierno que busca centralizar el poder y eliminar la crítica, más que convivir con ella en un ambiente plural.
La caracterización de la oposición como ineficaz o reducida es un componente clave en esta narrativa. Análisis recientes, como los que exploran el fracaso de las coaliciones opositoras en 2024, señalan una realidad en la que las encuestas muestran una ventaja considerable de Morena. El partido gobernante es descrito como una fuerza política dominante, con alta efectividad legislativa y una capacidad de movilización que ha «inhibido el protagonismo» de los partidos que históricamente contribuyeron a la transición democrática en México. Esta situación de desequilibrio en la correlación de fuerzas políticas es utilizada por el oficialismo para reforzar la idea de que la oposición es minoritaria y carece de representatividad genuina, lo que a su vez justificaría una menor consideración de sus argumentos y posturas.
Expertos en ciencia política y analistas internacionales han expresado su preocupación por estas tendencias. La reforma judicial impulsada por el gobierno, por ejemplo, ha sido objeto de críticas por parte de especialistas que la ven como un «retroceso» que podría «debilitar al Poder Judicial» y comprometer su autonomía. Estos análisis a menudo evocan elementos del «autoritarismo de movilización», caracterizado por un pluralismo limitado y la preponderancia de un partido oficialista que concentra el poder. Las advertencias de los expertos se centran en la erosión institucional y la «captura de instituciones» que pueden derivar de procesos donde el poder ejecutivo asume un rol excesivo, ataca al poder judicial, y confronta a los medios de comunicación y a los grupos opositores, independientemente de su representación. La polarización extrema y la descalificación del adversario son vistas como estrategias que tensan el ánimo social y pueden conducir a un debilitamiento del sistema democrático.
Si bien algunos análisis sugieren que México presenta características tanto autoritarias como democráticas en su forma de gobierno actual, la insatisfacción persistente con el funcionamiento de la democracia y la economía, aunada a la percepción de ineficacia gubernamental en áreas como la desigualdad y la inseguridad, podría estar alimentando un apoyo tácito a alternativas que prometen orden y soluciones rápidas, incluso si implican una concentración del poder. Esta situación no solo plantea interrogantes sobre la salud democrática de México, sino que también subraya la necesidad de un diálogo constructivo, la defensa de las instituciones y el respeto a la pluralidad de voces para evitar que la percepción de un gobierno autoritario se consolide en una realidad innegable.
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