El reciente informe del INEGI presenta un panorama paradójico sobre el bienestar en México. La cifra principal, celebrada como un logro significativo, indica que 13.7 millones de personas salieron de la situación de pobreza multidimensional entre 2020 y 2022. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos revela una realidad compleja, marcada por un alarmante deterioro en el acceso a derechos sociales fundamentales, especialmente en el ámbito de la salud.
El Logro en el Ingreso
La disminución de la pobreza multidimensional es innegable y se sustenta principalmente en la mejora del indicador de ingresos en los hogares. Políticas como los aumentos históricos al salario mínimo y la ampliación de programas de transferencias directas, como la pensión para adultos mayores, han fortalecido la capacidad económica de las familias más vulnerables. Este avance en el poder adquisitivo es el motor principal detrás de la cifra positiva y refleja el éxito de una estrategia centrada en la recuperación salarial y el apoyo económico directo.
El Retroceso en los Derechos Sociales
La otra cara de la moneda es menos alentadora y expone las nuevas vulnerabilidades de la población mexicana. El indicador más preocupante es el de la carencia por acceso a los servicios de salud, que experimentó un aumento dramático. La población en esta condición pasó de 35.7 millones en 2020 a 50.4 millones en 2022, lo que representa un incremento de casi 15 millones de personas en tan solo dos años. Este retroceso sitúa el acceso a la salud en su nivel más precario en la historia reciente.
Asimismo, la población vulnerable por carencias sociales (aquella que no es pobre por ingresos pero presenta al menos una carencia social) creció en 9.2 millones de personas, pasando de 30.6 a 39.8 millones. Esto sugiere que, si bien muchas familias mejoraron sus ingresos, perdieron acceso a derechos básicos, dejándolas en una situación de fragilidad.
Adicionalmente, aunque la pobreza extrema también disminuyó, la reducción fue de 1.7 millones de personas (de 10.8 a 9.1 millones). Cifras de periodos anteriores, como la de 2010 a 2012, muestran que la caída en este rubro ha sido mayor en otros sexenios, lo que matiza el alcance del logro actual en el combate a la pobreza más profunda.
Un análisis más profundo revela un panorama complejo que cuestiona la profundidad de estos avances y señala desafíos estructurales persistentes. Según datos oficiales, la población con carencias en servicios de salud creció alarmantemente a 24 millones, mientras que la vulnerabilidad por carencias sociales aumentó en 9 millones. Además, la reducción de la pobreza extrema fue menos significativa que en administraciones anteriores, lo que invita a reflexionar sobre la metodología empleada en las encuestas y su posible influencia en los resultados.
El aumento en el acceso deficiente a servicios de salud es particularmente preocupante. Entre 2018 y 2020, la población sin cobertura sanitaria pasó de 20.1 a 35.7 millones, un incremento del 75%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Este retroceso coincide con la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), marcada por problemas operativos y administrativos que limitaron el acceso a la atención médica, especialmente para los más vulnerables. La falta de infraestructura y recursos en regiones rurales y marginadas, como Oaxaca y Chiapas, agrava esta crisis, perpetuando desigualdades estructurales.
Por otro lado, el incremento de 9 millones en la población vulnerable por carencias sociales refleja fallos en la distribución de recursos y en la efectividad de programas sociales. Aunque programas como Prospera (antes Oportunidades) han mostrado impactos positivos en el pasado, su reestructuración o eliminación ha debilitado su capacidad para mitigar la pobreza multidimensional. La pobreza extrema, aunque reducida, mostró un avance menor al esperado, con un aumento de 2.1 millones de personas entre 2018 y 2020, alcanzando 10.8 millones. Esto contrasta con sexenios previos, donde la reducción fue más pronunciada, sugiriendo que factores como la crisis económica por el COVID-19 y la falta de nuevas transferencias sociales jugaron un papel crítico.
La Cuestión Metodológica en Salud
La sospecha sobre si la formulación de las preguntas influyó en los resultados encuentra su explicación no tanto en un sesgo deliberado, sino en un cambio metodológico forzado por una decisión de política pública. La drástica caída en el acceso a la salud coincide con la desaparición del Seguro Popular y su sustitución por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), y posteriormente por el IMSS-Bienestar.
Metodológicamente, el CONEVAL medía el acceso a la salud preguntando a las personas si contaban con afiliación a alguna institución. Con el Seguro Popular, millones de personas sin seguridad social formal respondían afirmativamente. Al eliminarse este sistema, una gran parte de esa población quedó en un limbo institucional, sin estar formalmente adscrita a un nuevo servicio, lo que se reflejó directamente en las respuestas de la encuesta y, por tanto, en el masivo incremento de la carencia.
La sospecha sobre la formulación de las encuestas, particularmente la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), radica en posibles sesgos en las preguntas o en la interpretación de los datos. Por ejemplo, la medición de ingresos podría no captar la complejidad de la pobreza multidimensional, que incluye acceso a educación, salud y vivienda. Esto podría inflar artificialmente los logros en la reducción de pobreza monetaria mientras se ignoran carencias estructurales.
Conclusión: Una Paradoja Nacional
México enfrenta un escenario de contrastes. Por un lado, una política económica y laboral que ha logrado mejorar el ingreso de millones, sacándolos de la pobreza. Por otro, una reconfiguración del sistema de salud pública que ha generado un déficit social sin precedentes. El análisis revela que el país tiene hoy menos pobres, pero también una población más numerosa y vulnerable por la falta de acceso a un derecho humano fundamental. El gran desafío para la política pública será cerrar esta brecha, construyendo un sistema de salud universal y efectivo que consolide los avances en materia de ingreso y traduzca la reducción de la pobreza en un verdadero estado de bienestar.
Aunque el discurso oficial destaca una reducción de la pobreza, el aumento en carencias de salud y vulnerabilidad social revela un progreso frágil. La metodología de medición debe ser revisada para garantizar transparencia y precisión. México necesita políticas públicas robustas que prioricen la equidad y fortalezcan los sistemas de salud y protección social para lograr un impacto sostenible.
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