De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consultado a través de la plataforma oficial del gobierno mexicano y analizado por TResearch International, abril de 2025 registró un total de 2,767 denuncias por abuso sexual, lo que representa una reducción del 14% comparado con el mismo mes en 2024. Este descenso forma parte de una tendencia más amplia observada durante el sexenio de la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum, en donde se han contabilizado 10,936 casos acumulados, una disminución del 68% respecto al año previo.
El análisis de los datos históricos entre 2015 y 2025 revela fluctuaciones significativas en la incidencia del delito. En 2023, por ejemplo, se reportó un pico de 35,916 denuncias, mientras que para 2024 este número descendió a 34,577. La caída más notable se presenta en el primer año del mandato actual, lo cual puede ser interpretado como un posible efecto de las políticas públicas implementadas o bien de factores coyunturales aún no identificados.
La distribución geográfica del delito muestra patrones preocupantes: Jalisco, Estado de México y Ciudad de México concentran el 43% de los casos a nivel nacional. Estas entidades, tradicionalmente focos rojos en materia de violencia de género, continúan liderando las estadísticas, aunque también presentan tasas variables de reducción. Por ejemplo, en abril de 2025, Jalisco reportó una baja del 24% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el Estado de México mostró una reducción del 19%.
Por otro lado, al considerar la incidencia por cada millón de habitantes, Jalisco, Quintana Roo y Baja California Sur destacan como las entidades con mayores índices de denuncia por abuso sexual. Esto sugiere que, independientemente del tamaño poblacional, ciertos estados enfrentan niveles desproporcionados de este tipo de violencia.
El documento también incluye una revisión estatal detallada de la variación mensual entre abril de 2024 y abril de 2025. Mientras que algunos estados como Guanajuato y San Luis Potosí reportaron aumentos en sus cifras (con incrementos del 9% y 7%, respectivamente), otros como Chihuahua (-76%) y Sonora (-68%) mostraron reducciones notables. Esta heterogeneidad plantea la necesidad de estrategias diferenciadas y focalizadas en función de las particularidades regionales.
Aunque los datos reflejan una tendencia positiva en la reducción del delito, expertos coinciden en señalar que detrás de estas cifras persiste un subregistro importante, ya que muchos casos no llegan a denunciarse por miedo, estigma o desconfianza en las instituciones.
En este contexto, resulta fundamental mantener una vigilancia constante sobre las estadísticas oficiales, así como promover campañas de sensibilización, fortalecer los mecanismos de protección a víctimas y garantizar una respuesta eficiente y sensible por parte de las autoridades. El reto no solo es cuantitativo, sino también cualitativo: combatir una violencia arraigada en estructuras sociales profundas requiere de una política integral y sostenida en el tiempo.
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