Construir verdaderas soluciones, dejando de lado las ocurrencias de las circunstancias, exige tomar en cuenta algunos principios básicos
La muerte de la alcaldesa Gisela Mota colocó una vez más el debate sobre el Mando Único policial al frente del escenario político nacional. Desde octubre de 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió una iniciativa de reforma constitucional en este sentido, previendo 32 jefes policiacos subordinados a cada gobernador del país. A su vez, Enrique Peña Nieto, anunció el 27 de noviembre de 2014 un Decálogo para Fortalecer la Seguridad y el Estado de derecho, el cual ha brillado por su empantanamiento legislativo.
De alguna manera, como entonces la desaparición de los 43 normalistas, el imperdonable asesinato de la presidenta municipal corre el riesgo de ejercer una presión para tomar decisiones sobre las rodillas, sin la debida reflexión ni consideración de cuáles deben ser los principios detrás de una política de seguridad que brinde las mínimas garantías para una vida social en paz.
Construir verdaderas soluciones, dejando de lado las ocurrencias de las circunstancias, exige tomar en cuenta algunos principios básicos:
Combate a la corrupción. Es cierto que la policía continúa siendo una de las instituciones más desacreditadas. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 55 mil agentes de 149 municipios que realizaron pruebas de conocimiento y destreza policial en 2014, un 47% no las superó. Algunos señalan que menos corporaciones policiacas pueden simplificar el combate a la corrupción en su interior. Sin embargo, no podemos dejar de lado que ser gobernador no vacuna contra la corrupción. Ahí están los ejemplos de ex gobernadores como Mario Villanueva o Tomás Yarring-ton. ¿Qué garantías nos da un Mando Único al mando de estos personajes?
Eficacia. Eficacia es la capacidad de lograr lo que se espera. Hoy, corremos el riesgo de reducir la labor policiaca únicamente a las tareas de combate al crimen organizado, necesidad apremiante, pero no única por parte de los ciudadanos. La sociedad también pide que sus policías patrullen, prevengan, vigilen, garanticen el orden público, el tránsito… Y todas estas funciones son responsabilidades de distintos niveles de gobierno que tienen facultades legales que cumplir y servicios que brindar.
Federalismo y gobernabilidad. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa de México es el Municipio Libre. Y no todos tienen las mismas características en función de su población, territorio, institucionalidad… Pensar que los municipios o delegaciones con más de un millón de habitantes (o incluso medio millón) no cuenten con un mando policiaco puede resultar una de las decisiones más contraproducentes en materia de seguridad. ¿Cuántos gobernadores usarán el chantaje de retirar la policía ante cualquier provocación o conflicto con su autoridad?
La experiencia, la ciudad de México. ¿Es la ciudad de México segura? Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, publicada por el Inegi en septiembre pasado, no son alentadoras: 67.6% de la población capitalina considera a la inseguridad como el principal problema de la ciudad (10% más que la media nacional), y 78.5% considera que es inseguro vivir en esta capital. Cuando fui jefa delegacional en Miguel Hidalgo tuve que combatir las amenazas (cumplidas) del entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard de retirar la policía de la delegación, si no se autorizaba su ilegal Torre Bicentenario. A pesar de que la delegación pagaba el presupuesto de patrullas y la operación de las videocámaras, todo ello era controlado por el gobierno de la ciudad.
¿El Mando Único nos garantiza una mejor persecución del delito? Nuevamente, las cifras de la ciudad de México no nos brindan esperanza: sólo 8.4% de los delitos iniciaron una averiguación previa ante el Ministerio Público.
Es cierto que la respuesta del gobierno federal a la tragedia de Ayotzinapa ha sido ineficaz y casi irresponsable. Su primer reflejo fue echarle la culpa a los gobiernos locales… Sin embargo, ¿están conscientes los gobernadores sobre el alcance del Mando Único? ¿Saben que el Mando Único les hace asumir la responsabilidad única? ¿Están dispuestos a pagar las consecuencias? ¿Podrán cargar sobre sus espaldas con los resultados de la evaluación que hagan los propios ciudadanos? Pedir el Mando Único no equivale a tener la altura de ejercerlo.
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