Libertad de expresión, de la ley a la realidad

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Invitado por la Federación de Estudiantes Universitarios para presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda época de “Arenga”, una revista que busca formar y conmover la conciencia estudiantil, afirmé que entre las acechanzas autoritarias que más ponen en peligro nuestras libertades políticas y a la que más preocupación y atención debiéramos poner -por ser piedra angular del sistema democrático-, es la vulneración en la que se encuentra la libertad de expresión desde distintos ámbitos del poder público. Pero sucede que nos acostumbramos a la censura, al control de medios, al manejo interesado de la información.

Nos estamos inmovilizando socialmente en el terreno de los hechos porque creemos que con las redes sociales tenemos ya, que éstas nos permiten cumplir esa defensa de nuestra libertad eje, que es la de expresión, que con ello cumplimos el deber de denuncia; pero nunca un “like” o un “post” podrá sustituir la presencia en la calle para alzar la voz de la protesta. Me preocupa que muy pronto los casos de censura pasen al olvido. Que la memoria sea tan corta en asuntos que nos conmocionaron cuando sucedieron, que no extrañemos con la exigencia, los espacios críticos que fueron liquidados por el autoritarismo. Es la paradoja del engaño mayor que vive México, anuncia al mundo reformas, avances y libertades conquistadas en la letra de las leyes, pero en la realidad vivimos la pifia, el fiasco, la mentira institucionalizada. Sucede así con la libertad de expresión, de la que puedo afirmar está consagrada en la Constitución General de la República de manera más completa; aún falta el reconocimiento de algunos derechos concomitantes, como el de los comunicadores, para poder afirmar que estamos homologados con los mejores países del mundo democrático; pero quizá sea ese el único eslabón más importante que nos impide declarar la batalla -en el campo constitucional-, como ganada.

La evolución de la garantía constitucional de este derecho esencial, su actualización y desarrollo reglamentario fue muy lenta. Durante 150 años la definición esencial de libertad de expresión permaneció intacta, casi idénticos los términos en los que la concibieron los constituyentes de 1857 y de 1917. Pasó mucho tiempo para que nuestro país actualizara el sexto constitucional, lo que aconteció en 1977, al incorporar la obligación del Estado de garantizar “el derecho a la información”, consubstancial a la libertad de expresión. Otras reformas constitucionales incorporaron en 2007 principios generales del acceso a la información pública, y la tutela del derecho de réplica, todo en el artículo sexto. Pero fue la más reciente reforma a nuestra carta magna en materia de telecomunicaciones y radiodifusión (2011) la que amplió de manera afortunada la redacción de ese mismo artículo e incorporó conceptos y derechos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación. La misma definición de libertad de expresión tiene una concepción más completa, integral, de lo que el ejercicio de este derecho comprende: La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La fuente principal de este ensanchamiento constitucional fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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Las bases constitucionales son muy buenas, me atrevería a decir que envidiables para más de un centenar de países de los casi doscientos que tienen Constitución. La distancia entre nuestra máxima norma y las leyes secundarias que pretenden posibilitarla, es también referencial de una hipocresía reformadora capaz de competir por el primer lugar en el mundo sobre las formas en que se puede burlar un mandato constitucional. Las legislaciones secundarias que se han originado en ésta última década, cuyo propósito presumiblemente ha sido la de reglamentar varios de los principios constitucionales relativos a la libertad de expresión, han quedado a expensas de las conveniencias coyunturales de los partidos, de los humores político-electorales de las campañas, de los intereses mercantiles de los grandes consorcios comunicacionales, de las presiones de los más ricos del país, de los fines de control estatal sobre la información, y de una combinación de todos ellos dentro de la oligarquía político-empresarial que gobierna al país. La ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión traicionó los principales objetivos de la Constitución en torno de libertad de expresión e información: La competencia efectiva en los medios electrónicos de comunicación, los derechos de las audiencias, la democratización de los medios públicos, la pluralidad y diversidad de contenidos. La ley del derecho de réplica terminó en uno de súplica, al contentillo del duopolio de la televisión para no ver afectada su programación comercial. Las leyes de acceso a la información, la general y parece que camina por donde mismo la federal, tienen excepciones inadmisibles del derecho a buscar, a saber, a recibir, ni más ni menos que varios de los insumos que nos permiten difundir y expresar ideas y opiniones. Los partidos políticos y las cámaras del Congreso son las ínsulas de una excepción vergonzosa, una opacidad inadmisible.

De la Constitución a la ley hay mucho trecho en materia de libertad de expresión, y de la ley a la realidad una tragedia: La libertad de expresión está en venta en la mayoría de los casos, el presupuesto público de la federación y los estados es el principal fondo comprador de silencios y aplausos al poder en turno. Los conglomerados de anunciantes privados también delinean la jerarquía y el enfoque de ciertas noticias. Son pocas, realmente muy pocas las excepciones dentro del sistema tradicional de los medios masivos, prensa, radio y televisión. Carretadas de dinero se trasladan para lograr la uniformidad, la distracción de los asuntos más importantes de la Nación y el ocultamiento de corruptelas y asesinatos. El país se ha enterado en los tiempos recientes, principalmente, por la acción de los medios internacionales de los más grandes escándalos de corrupción política como de ejecuciones extrajudiciales del Ejército y de las policías federal y locales. Es cierto que hay medios nacionales que retoman esos asuntos, pero rápidamente la acción estatal sofoca, desvanece y entierra para el olvido el seguimiento de denuncias delicadísimas. Internet y las hijas de su libertad, las redes sociales, constituyen la principal plataforma de difusión de contenidos que más contribuye al ejercicio de la libertad de expresión e información, y el acicate frente a la censura y el silenciamiento por su también carácter libertario, pues todo lo escruta y todo lo ventila. Pero cuidado con la magnificación si de la libertad de información hablamos; no es con mucho el medio masivo, sobre internet recae también otro tipo de secuestro, el de las tarifas de las empresas telefónicas.

El medio por el que se entera el grueso de la población sigue siendo la televisión, y conservará por buen tiempo más su carácter duopólico, no obstante que ingrese al mercado una tercera cadena, debido a las canonjías y disimulos que obtuvieron las dos principales televisoras en la ley reglamentaria. Los dos principales instrumentos de control informativo y de censura a la libertad de expresión son, por un lado esa concentración de frecuencias del espectro radioeléctrico -que en radio tiene el carácter oligopólico-, y los cuantiosos recursos públicos que el Estado destina a aceitar la relación medios-poder. Si a la libertad de expresión nos referimos, hay que hablar siempre del campo de la realidad. De la pudrición que envuelve el momento actual de México, donde la cifra de periodistas asesinados en la última década es una de las más altas en el mundo. Donde continúa la acción represora del poder a los espacios críticos, que pasa del golpe al Excélsior de Julio Scherer, por el puñetazo a Carmen Aristegui. Y este es el quid de la cuestión, la valoración de la práctica, del respeto a su ejercicio y promoción en el conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, como los principales cauces del debate, la discusión plural, la libertad de opinar, y sobre todo, de criticar y contrapesar al poder. Y ahí, la regresión que vivimos es brutal, como en ninguna época están lanzados los desafíos, amenazas, controles y cooptaciones más cínicas a la libertad de expresión.

En el arranque de un año más en el calendario de la batalla cívica y política, es la ocasión para recordar que nunca la libertad se conquista para siempre si no se le defiende de manera permanente. Norberto Bobbio dijo que “la Libertad es antigua pero sus problemas son siempre nuevos, renovándose continuamente como respuesta a las siempre nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte de la historia”.


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