El régimen parece empeñado en encontrar nuevas formas de limitar las libertades de los mexicanos. Ahora, con el pretexto de proteger la propiedad intelectual, impulsa dos reformas que ponen en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y el derecho humano al acceso al internet. Son las llamadas “leyes antimemes”.
Una pinza autoritaria con dos tenazas: una aprobada en el Senado, que contempla penas de prisión, y otra en la Cámara de Diputados, que abre la posibilidad de dejar sin internet a los usuarios.
La primera reforma, a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal, establece penas de hasta cinco años de prisión y multas por el uso no autorizado de la identidad gráfica institucional. Su mala redacción genera preocupación por posibles interpretaciones que afecten la actividad periodística, la sátira, la parodia, el debate y la crítica política.
Imaginemos a un monero que publica en un periódico una caricatura utilizando elementos de la imagen institucional del Poder Ejecutivo Federal para criticar al gobierno. Aunque su intención sea -mediante el humor- denunciar un hecho y no cometer un ilícito, ¿quién garantiza que no enfrentará una denuncia que termine inhibiendo su trabajo?
La segunda tenaza es la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada en Diputados, que establece nuevas responsabilidades para los proveedores de internet y contempla multas de hasta 4.7 millones de pesos.
Dicha reforma, exige políticas para terminar el servicio a usuarios infractores. El problema es la falta de garantías suficientemente claras para defenderse antes de sufrir una restricción. El riesgo es que primero corten el internet y después investiguen.
Ante la amenaza de multas millonarias, los proveedores podrían preferir restringir servicios antes que enfrentar sanciones. Es decir, incentivar la censura preventiva.
No olvidemos algo fundamental: el artículo 6.º constitucional reconoce el derecho de acceso a internet. Restringirlo puede afectar también los derechos a la información, la educación y el trabajo.
Proteger los derechos de autor es legítimo, pero no puede justificar restricciones desproporcionadas a otros derechos humanos.
Estas reformas son una preocupación para periodistas, moneros, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar sentimientos de inconformidad.
México necesita libertad para hablar de los señalamientos contra políticos vinculados con la delincuencia organizada y de los casos de corrupción que incomodan al poder.
Inconformarse forma parte de la democracia. La crítica permite detectar errores y corregirlos. Un gobierno democrático debe responder con argumentos, transparencia y resultados, nunca con amenazas de cárcel o restricciones de derechos.
Mi voto, como diputada federal, fue en contra. Porque apagando el internet no se apagarán las críticas al régimen. Bajando contenidos no desaparecerán los problemas. Y silenciando las voces críticas no se borrará la corrupción.
La libertad no es una graciosa concesión de ninguna autoridad. Es un derecho de todos los mexicanos.
