Ley no significa sangre

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Esta semana fuimos testigos de un escarceo entre el Partido Acción Nacional y el Gobernador del Estado por la presentación de una “denuncia penal” en la que se le acusa por la inacción u omisión frente a los hechos delictivos en que pudieran haber incurrido los normalistas quienes han arreciado sus protestas en los últimos días, causando daños y destrozos en las sedes de los partidos políticos y en varios centros comerciales. En respuesta, el gobernador justificó la no intervención de la fuerza pública declarando que no quería que se derramara sangre y que los jóvenes normalistas no habían tenido intención de cometer ningún delito.

Es innegable que el ambiente electoral empieza a calentarse, y podremos estar o no de acuerdo con las formas o medios por los que se reclaman, pero independientemente de eso, hay un tema importante de fondo que es el derecho a la seguridad y al orden, que implica la obligación del estado para garantizar el imperio del derecho, frente a lo que pareciera una actitud de miedo, temor o una auténtica fobia a la aplicación de la ley por su parte.

Por supuesto que nadie quiere violencia ni sangre. Con la existente basta y sobra… Lamentablemente en nuestro país y en nuestro estado se ha generalizado la idea de que la aplicación de la ley es imposible o al menos inviable. Siempre hay una razón política, una interpretación forzada o una justificación social que impiden la vigencia de la norma. Bueno… ni siquiera la contención de la comisión de un delito –aun en flagrancia- mueve a las autoridades. Siempre existe el recurso de exigir la presentación de la denuncia respectiva.

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Es frustrante… creo que debemos dejarnos de simulaciones que solo endulzan la mediocridad de lo políticamente correcto. ¿Cuándo tendremos el valor, la visión y la decisión de afrontar nuestra realidad? ¿A quién pretendemos engañar? Lo peor es que nos hemos acostumbrado a una serie de eufemismos tan falsos como absurdos que sólo denotan una auténtica fobia a la ley y al orden que ella debiera generar.

Al actuar así, los gobernantes envían una señal equivocada, pues pretenden justificar su debilidad y dejadez en una falsa prudencia, causando un gran daño a su legitimidad y autoridad. Y lo que es peor… acercándonos a una situación muy peligrosa, en la que por temor a las consecuencias negativas se tolera cualquier comportamiento por ilegal que este sea.

¿Por qué necesariamente una intervención de las fuerzas de seguridad tendría que acabar en un acto de derramamiento de sangre? Llamar al orden no implica bajo ninguna circunstancia represión ni violencia…pero sí requiere preparación, y capacitación y control…y decisión.

¿Entonces vamos a justificar cualquier comportamiento por miedo a qué se desborde la situación? ¿Es en serio? El estado impedido para actuar y restablecer el orden, ¿y los ciudadanos dónde quedamos frente a quien decide romper el orden público? ¿Y nuestra seguridad y tranquilidad? ¿nuestro patrimonio?

La “autoridad” encargada de la seguridad no tiene facultades discrecionales para evaluar la inaplicación de la ley, mucho menos para valorar las intenciones de quienes la quebranten…tiene obligación de aplicarla, garantizando de esa manera el orden social.

Decidir cuándo sí y cuándo no, es un parámetro de justicia selectiva que lleva al sostenimiento de un estado permanente de injusticia y de desorden…es continuar en el laberinto interminable de la impunidad y del debilitamiento institucional…es no haber empezado a poner los cimientos, retroceder en el proceso de la reconstrucción.

Este estado y este país no cambiarán jamás si el paradigma pseudodemocrático de considerar que la aplicación de la ley implica represión o sangre no cambia. De nada servirán nuevas leyes ni las mejores intenciones políticas sino logramos perder el miedo a su aplicación y vigencia.

Resultaría muy interesante –además de ser parte de su razón de existir- que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pronunciara sobre el fondo del asunto que tiene que ver con el tema de la obligación del estado de brindar seguridad a sus ciudadanos y de sus posibles omisiones…existen ya varias quejas en ese sentido…¿Sería mucho pedir?


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