La bancada del PAN en el Senado de la República consideró que, en el terreno energético, el Gobierno violaría reglamentos y tratados internacionales con su la Ley de Hidrocarburos,
Según los legisladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se conduce con sesgo para favorecer a los que compran insumos a Petróleos Mexicanos.
«Es importante mencionar que la exposición de motivos parte de supuestos erróneos y, al igual que en el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, de supuestos ideológicos en donde se culpa al ‘neoliberalismo’ de corrupción y de actividades ilícitas en materia de hidrocarburos», se lee en el análisis.
«Existe un claro sesgo hacia los permisionarios que operan estaciones de servicio relacionados con Pemex, ya que la CRE únicamente ha otorgado el 56.2% en materia de petrolíferos, específicamente hacia aquellas estaciones que compran combustibles a Pemex».
De acuerdo con el estudio, aseguraron los panistas, la problemática actual consiste en que, en la práctica, se llevan a cabo diversas acciones claramente violatorias a las leyes y reglamentos, así como a los tratados internacionales que México ha firmado.
La bancada identificó además un conjunto de violaciones de carácter legal en el campo energético:
«Emisión de instrumentos regulatorios o de política energética contrarios al marco legal, restricciones para permisos de importación de combustibles, y acuerdos de suspensión de trámites».
«Obstrucciones administrativas de acción u omisión. Inobservancia de los plazos legales en la resolución de los diversos trámites administrativos; exigencia de requisitos en la Ley o Reglamento; requerir documentos que ya se encuentran en el expediente que se actúa; abstenerse de informar sobre el estado que guarda la tramitación e impedir el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones».
Asimismo, detectaron que en el caso de la resolución de trámites, particularmente los relacionados con asuntos que se oponen a los intereses de Pemex en el expendio al público de petrolíferos (gasolineras), la CRE resuelve en plazos muy superiores a los estipulado por la Ley o en el peor de los casos, no se resuelven.
«(Hay) una negativa infundada en la recepción de documentos, particularmente los relacionados con las Evaluaciones de Impacto Social, salvo de Pemex; requerimientos de documentos innecesarios; negativa en dar acceso a la plataforma electrónica para presentar trámites; eximir a las autoridades del sector energético de la elaboración de Análisis de Impacto Regulatorio», finalizaron.
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