Las marchas en la Ciudad deben tener una nueva reglamentación

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La prioridad de las autoridades debe ser enfocar su trabajo en lograr una sana convivencia y en garantizar el ejercicio de los derechos de todos.

En lo que va del año se han atendido más de 2 mil manifestaciones en la Ciudad de México. Durante su comparencia ante la ALDF la semana pasada, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, aseguró que del total de manifestaciones sociales registradas en el Distrito Federal, se instalaron 3 mil 204 mesas de trabajo, donde a través del diálogo se lograron acuerdos y soluciones a los conflictos presentados. En lo que el secretario no ahondó fue en los altos costos que estas manifestaciones generan al capitalino que ve obstruido sus caminos al trabajo o al comerciante que enfrenta pérdidas por el constante cierre de calles; tampoco señaló que hasta ahora este tipo de expresiones no están cumpliendo con el artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

El impacto negativo. Aunque las cámaras de comercio difieren en cuanto a cifras, la realidad es que las pérdidas económicas ocasionadas el año pasado por las marchas y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), vistas desde donde sea, no son menores. De acuerdo con la Coparmex, las pérdidas del sector privado ascienden a 500 millones de pesos, Canaco-Servytur señala que son 991 millones de pesos, mientras que Canaco afirma que son 1,250 millones de pesos los que se perdieron.

Apenas el viernes de la semana pasada, el bloqueo de Avenida Constituyentes por parte de estudiantes del IPN ocasionó que miles de personas quedaran varadas desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde en una zona que ya de por sí caótica. Las marchas y los bloqueos agravian la vida de empresarios y automovilistas, pero también la de usuarios de transporte público y peatones por igual.

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La injustificada controversia. En una Ciudad que aspira a ser incluyente, la polarización derivada de la defensa del derecho a la libre expresión y del derecho a la movilidad, no debería tener lugar; no hay mucho que debatir, ningún derecho es más importante que otro. Los señalamientos que la CDHDF y la CNDH han hecho en contra del artículo 212 de la Ley de Movilidad apelan a la única defensa del derecho a la libre manifestación dejando de lado a los que padecen las consecuencias de la obstaculización a su movilidad.

La prioridad de las autoridades debe ser enfocar su trabajo en lograr una sana convivencia y en garantizar el ejercicio de los derechos de todos; lo mismo se espera de las resoluciones que habrá de formular la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los próximos meses la Corte tendrá que definir la prevalencia que tienen ambos derechos, uno sobre de otro, o en igualdad de relevancia.

Ni uno ni otro; los dos. La construcción de una Ciudad para todos encuentra su fundamento en que ningún derecho pase por encima de otro; y eso es justamente lo que la nueva Ley de Movilidad establece: la plena garantía de ambos. Como la Ley de Movilidad lo indica, es necesario garantizar la movilidad de todos de forma igualitaria, y para que esto pueda llevarse a cabo se deben establecer las condiciones necesarias para que el espacio urbano se adapte favorablemente al traslado interno de quienes habitan la Ciudad.

Las grandes dificultades que enfrentan miles de capitalinos para transitar cuando hay marchas y manifestaciones obligan a todas las autoridades a garantizar tanto el derecho a la libre manifestación como el derecho al libre tránsito y a la movilidad; ninguno debe ser excluyente del otro.

La alternativa ausente. El Distrito Federal no debe quedarse atrás. Tal como sucede en muchas ciudades del mundo, estas expresiones deben estar debidamente reglamentadas y privilegiar sólo el interés general de la Ciudad. La semana pasada presenté ante la Asamblea un Punto de Acuerdo mediante el cual pido a la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública realizar un nuevo protocolo que atienda las marchas y manifestaciones conforme a lo ordenado en la nueva Ley de Movilidad. Por otro lado, las autoridades capitalinas deberán prever la actuación de la policía capitalina en atención a estos eventos, ya sea que se haya realizado o no el aviso 48 horas antes de la marcha como lo indica la Ley.

De igual forma estoy exhortando a la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, a la Agencia de Gestión Urbana, a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Obras a realizar un protocolo que atienda debidamente a los ciudadanos en los momentos que, durante la realización de obras públicas, el libre tránsito se vea interrumpido. Hoy la Ley refiere límites claros, y una vez que estén puestos en acción, estos lineamientos bien podrían cambiar la cultura de la manifestación a una muy distinta a la que seguimos experimentando al día de hoy.

Este llamado a publicar nuevos protocolos a la luz de la Ley de Movilidad exigen en concreto un compromiso por parte de las autoridades para que tanto quien se manifiesta como quien encuentra en su camino la manifestación cuenten con la debida protección y garantía de sus derechos.


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