El delito de amenazas en México ha alcanzado niveles críticos durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, ya se han denunciado un total de 138,868 casos en lo que va de la administración. Esta cifra revela una persistencia preocupante del delito en el territorio nacional, consolidándose como un problema estructural que no muestra signos de una reducción clara tras los picos observados en años anteriores.
El cierre del año 2025 confirmó esta tendencia al alza. Tan solo en el mes de diciembre se registraron 10,056 denuncias, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 9,602 casos. Este repunte mensual subraya la presión constante que este fenómeno delictivo ejerce sobre la seguridad pública y el sistema de justicia en el país.
La distribución del delito no es uniforme en todo México, sino que muestra una fuerte concentración territorial. Tres entidades federativas —la Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila— concentran el 35% de todas las amenazas denunciadas durante el actual periodo de gobierno. Estas zonas se han convertido en los principales focos de atención para las autoridades, dado el volumen de expedientes abiertos.
Sin embargo, al analizar la incidencia en relación con el número de habitantes, el panorama cambia. Por cada millón de personas, los estados que encabezan el ranking nacional de denuncias son Coahuila, Colima y Baja California Sur. Esta medición es fundamental para entender el impacto real de la violencia y la inseguridad en poblaciones más pequeñas que, proporcionalmente, sufren más este acoso.
Los expertos de TResearch señalan que, tras un periodo de alta incidencia entre 2022 y 2023, los niveles de amenazas se han mantenido elevados sin una tendencia de baja durante el bienio 2024-2025. Esta falta de mejora sugiere que el Estado enfrenta un reto que va más allá de picos temporales, instalándose como una conducta delictiva cotidiana que afecta la tranquilidad de miles de mexicanos.
Los datos, provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reflejan una realidad donde la denuncia es apenas la punta del iceberg de un delito que suele preceder a otras formas de violencia más graves. Mientras las cifras continúen al alza, el reto para las políticas de seguridad nacional seguirá siendo contener un fenómeno que parece haberse enraizado en el tejido social de las regiones más pobladas y vulnerables del país.
