El asesinato de un aspirante a una candidatura municipal antes de que las campañas electorales alcancen su punto más intenso es una señal de alarma para la democracia mexicana. En Guerrero, Arturo Marín Acevedo, quien buscaba la candidatura de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa, fue ejecutado a balazos. Su esposa también fue atacada y permanece en estado grave. El crimen coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué garantías existen para quienes pretenden competir por un cargo público en un país donde la violencia puede convertirse en un factor de la disputa política?
El caso ocurre en la ruta hacia las elecciones de junio de 2027, cuando México renovará miles de cargos de elección popular. La magnitud del proceso anticipa una contienda compleja, con disputas partidistas, competencia por el control territorial y aspiraciones políticas que, en determinadas regiones, se desarrollan bajo condiciones de inseguridad. El homicidio de un aspirante no permite atribuir automáticamente una motivación política al crimen, pero sí obliga a examinar el entorno en el que participan quienes buscan representar a sus comunidades.
La violencia electoral no se limita a los asesinatos. También incluye amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, hostigamiento y ataques en redes sociales. Estas prácticas pueden reducir la participación, obligar a una persona a abandonar una candidatura o impedir que realice actividades proselitistas con libertad. Cuando el temor condiciona quién puede competir y dónde puede hacerlo, el problema trasciende la seguridad individual: afecta la calidad de la representación política y el derecho ciudadano a elegir entre alternativas reales.
Las mujeres enfrentan una dimensión adicional de este problema. De acuerdo con el dato de un estudio de ONU Mujeres citado para este análisis, el 96 % de las candidatas que participaron en las elecciones mexicanas de 2024 sufrió algún tipo de violencia. Las agresiones se concentraron principalmente durante las actividades en territorio y en los entornos digitales. La cifra revela la amplitud del fenómeno, aunque para dimensionarla correctamente es necesario conocer la metodología del estudio, la muestra y los tipos de violencia considerados.
El dato también obliga a superar una visión que identifica la violencia política únicamente con los atentados mortales. Las campañas digitales pueden convertirse en espacios de amenazas, descalificaciones y hostigamiento; el trabajo territorial, en una actividad de riesgo para quienes recorren comunidades, dialogan con ciudadanos y buscan respaldos. Para las candidatas, estas agresiones pueden incorporar componentes de género destinados a desacreditarlas o desalentar su participación.
El desafío para las autoridades consiste en impedir que estas agresiones se normalicen durante el proceso electoral. No basta con condenar los ataques después de que ocurren. Se requieren mecanismos de prevención, evaluación de riesgos, protección para las personas amenazadas y coordinación entre autoridades electorales y de seguridad. También es indispensable investigar los crímenes y esclarecer si existen vínculos con intereses políticos, disputas locales o grupos criminales. Sin resultados judiciales, las declaraciones oficiales pierden fuerza frente a una ciudadanía que exige garantías concretas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso electoral federal el 10 de septiembre. La jornada del 6 de junio de 2027 renovará la Cámara de Diputados y coincidirá con elecciones locales en las 32 entidades federativas. El organismo electoral prevé la renovación de más de 20 mil cargos de elección popular, entre diputaciones, gubernaturas, legislaturas locales y autoridades municipales.
La disputa partidista por estos puestos será intensa. Sin embargo, la competencia política no puede justificar que candidatos, candidatas, militantes o ciudadanos deban exponerse a amenazas para ejercer sus derechos. Tampoco puede permitirse que el miedo determine quién hace campaña, qué propuestas llegan a las comunidades o qué opciones aparecen en las boletas.
El asesinato de Arturo Marín Acevedo no demuestra por sí mismo que la violencia vaya a definir las elecciones de 2027. Sí constituye una advertencia sobre los riesgos que deben atenderse desde ahora. La cifra de ONU Mujeres añade otra dimensión: la violencia política también puede operar mediante agresiones cotidianas que desalientan la participación y restringen la competencia.
La democracia no se protege únicamente contando votos y organizando casillas. También exige condiciones para que las personas puedan aspirar a un cargo, recorrer sus comunidades y expresar sus ideas sin poner en peligro su vida. Si las instituciones no consiguen garantizar esas condiciones, el proceso electoral podrá cumplir sus calendarios y entregar resultados, pero dejará pendiente una pregunta esencial: ¿qué tan libre es una elección cuando participar implica tener miedo?
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