México vive uno de sus procesos electorales más inseguros en 2025, no ya por la disputa política tradicional, sino por el creciente espectro de violencia que amenaza las elecciones judiciales. Según el último informe del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), publicado el 8 de mayo, el proceso para elegir jueces en 19 estados del país enfrenta niveles altos o muy altos de riesgo de violencia político-criminal.
Este fenómeno se aleja de los escenarios comunes de violencia electoral asociados a partidos y candidatos políticos, e incide directamente sobre una institución clave de la democracia: el Poder Judicial. El informe advierte que al menos cuatro casos concretos de violencia han sido identificados en relación con estas elecciones, incluyendo asesinatos, secuestros, amenazas y renuncias forzadas de aspirantes a cargos judiciales. Uno de los casos documentados es el de Audel Arnoldo Hernández Solís, único aspirante judicial cuya muerte ha podido vincularse hasta ahora con su participación en el proceso.
De acuerdo con México Evalúa, ocho entidades presentan niveles críticos de riesgo: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En estos estados, factores como la presencia de organizaciones criminales, mercados ilícitos, baja capacidad institucional para contener la delincuencia y una alta disponibilidad de cargos por elegir, generan condiciones propicias para la captura de poder por actores ilegales.
En Veracruz, por ejemplo, se registraron renuncias colectivas de precandidatos tras recibir amenazas, así como múltiples actos violentos contra servidores públicos involucrados en ambos procesos electorales. La situación refleja un clima de intimidación que pone en jaque la libertad y la autenticidad del voto ciudadano.
El Laboratorio Electoral detalló que desde agosto de 2024, cuando comenzó el análisis sistemático de la violencia en este proceso, se han reportado varios hechos violentos, principalmente durante las etapas definitorias de candidaturas y en los días posteriores a la jornada electoral. Sin embargo, la falta de claridad sobre las reglas de denuncia y protección dificulta aún más la visibilización real de los ataques.
Para el OEJ, lo atípico de esta ola de violencia radica en la novedad del proceso judicial-electoral, sumado al desconocimiento público sobre las figuras en juego, lo que permite que grupos criminales operen sin contrapesos claros. Además, alerta sobre la coincidencia prevista para 2027, cuando se podrían celebrar de forma concurrente elecciones políticas y judiciales, en un contexto de debilitamiento institucional.
A pocos días de la conclusión de la jornada electoral, el Observatorio hace un llamado urgente a las autoridades electorales y de seguridad nacional y local para coordinar una respuesta eficaz frente a esta emergencia. La justicia no puede elegirse bajo el miedo.
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