En el mundo que llamamos civilizado —aunque pruebas cotidianas demuestran que poco tiene de ello— asumimos que la soberanía radica en el pueblo, que éste constituye autoridades para hacerla valer dentro y fuera de cada Estado, y para coadyuvar con la sociedad en la generación de bienes públicos.
No me propongo discernir aquí sobre el origen y mutaciones del concepto soberanía, sino la manera cómo, en su nombre, se vienen tomando decisiones.
Además, ese término se halla íntimamente vinculado a la acepción de democracia, que etimológicamente significa el poder del pueblo, quien lo ejercerá de manera directa o a través de representantes.
La opción que en cada caso se adopte respecto de esta disyuntiva —el ejercicio directo o indirecto de la soberanía— llevará a las sociedades y al mundo por buen camino o por atajos que los precipiten dolorosamente.
Así, el pueblo ejerce su soberanía cotidianamente a través de sus instituciones, y es una expresión de la vida democrática. Pocas veces toma decisiones por sí mismo, como elegir a ciertas autoridades y funcionarios.
Sin embargo, la desconfianza y el frecuente repudio hacia sus gobiernos en muchos países están propiciando que sea el voto directo el que defina cuestiones de gran complejidad, que requieren cuidadosa y sabia ponderación de expertos en múltiples áreas y disciplinas, únicos que podrían apreciar las consecuencias, para bien o para mal, de una u otra decisión.
Pues no, señoras y señores. Está de moda la estupidez, aquí y en otras partes, de considerar “progre”, “de avanzada”, “de izquierda” y “democrático” que los asuntos que exigen mayor información, cultura, prudencia y experiencia se lleven a consulta y decisión de millones de ciudadanos. Más aún: entre menor sea el número de peritos y expertos que participen en cuestiones delicadas y trascendentes, mayor calidad “democrática” tendrá el producto. “El pueblo es bueno y sabe más”.
Un ejemplo: después de la mezcolanza que han hecho de personas altamente calificadas con ignorantes, oportunistas y demagogos, todos ellos con la encomienda de crear la Constitución de la Ciudad de México, hay voces que se duelen por no haberse circunscrito la designación de los futuros “Padres Constituyentes” al voto popular directo. Solamente nos queda esperar que se impongan la ciencia y conciencia de los primeros frente a la serie de ocurrencias obscenas proclamadas por quienes rebuznan exigiendo una “Constitución chilanga”. El costosísimo torrente de barbaridades que publicaron muchos aspirantes a “padres” de la Constitución capitalina provocó el axiomático desprecio de la mayor parte de los ciudadanos en el proceso electoral.
Otro caso reciente, de proporciones y consecuencias incalculables, que afectará a la mayor parte del mundo, es el haber puesto a decisión del pueblo —más de 40 millones de ingleses— la permanencia o salida de Reino Unido de la Unión Europea. Si usted me mantiene su consideración, que mucho agradezco, en próxima entrega le diré algo al respecto.
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