Una realidad de Perogrullo consiste en que México no se encuentra transitando por su mejor momento. La etapa de inestabilidad económica, social y política deriva de múltiples factores, entre los que destacan una deuda histórica; un crecimiento estancado y; el debilitamiento de las dictaduras latinoamericanas de las cuales el actual régimen tomaba como ejemplo siguiendo la pauta.
Cobra relevancia el clima de violencia, los altos índices de corrupción, la selectiva impunidad y, los enormes privilegios de una clase política perteneciente a las élites del poder que al sentirse todo poderosos, cobijados bajo el manto de la protección presidencial en turno, han rebasado los limites de la legalidad, la congruencia y la ética republicana.
Cotidianamente aparecen escándalos y se destapan rivalidades entre personajes ligados al gobierno, que enrarecen la opinión pública al rayar en el cinismo; las mentiras y narrativas oficiales, han derivado en una falta de credibilidad y todo se pone en duda.
Se apoderaron a través de una sobrerrepresentación sin fundamento, de una mayoría legislativa suficiente para hacer reformas constitucionales; a la par hicieron lo propio, con el Poder Judicial y; ahora van por el árbitro electoral.
En efecto, desde el Poder Ejecutivo se ha anunciado la iniciativa de cambiar las reglas del juego en la materia, sin embargo, no solamente pretenden modificar aspectos inherentes a cuestiones electorales, van más allá al abordar lo concerniente a la integración del Poder Legislativo.
En otras palabras, van por todo y, su motivación nada tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, sino con su desmedido afán de perpetuarse en el poder, desde esa lógica arman sus cálculos reformadores.
Cabe añadir, que, en la historia mexicana, prácticamente todas las reformas de carácter electoral han surgido de tres elementos esenciales: por consenso; propiciar la equidad en las contiendas y; la legitimidad de la representación política, fortaleciendo el sistema democrático.
Ahora los cambios anunciados por el representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Redactora, Pablo Gómez, enfáticamente hizo énfasis en retirar la autonomía del INE; reducir el número de legisladores plurinominales; dotar de menos recursos a los Partidos Políticos y; restar tiempos oficiales en medios de comunicación, rubros que son de vital importancia y trascendencia.
En principio, los temas abordados son de orden constitucional, debido a ello, se requiere meter mano a la Carta Magna de inicio, para continuar después con la legislación secundaria, sin embargo, es pertinente destacar que son áreas altamente sensibles.
Las reglas que ahora imperan son producto de décadas de luchas cívicas, arrancadas en su momento al sistema al provenir de la razón y la necesidad de nutrir con bases de equidad la democracia electoral y la plural representación política.
Ahora lo que pretenden es cercenar esos avances para imponer reglas a modo, de tal forma que garanticen al régimen el control total. Esa intención nos revela el temor de los morenistas que ante su incapacidad de gobierno y falta de resultados, no obtengan un respaldo ciudadano en las urnas, optando por ser juez y parte, revolviendo aun más el clima de por si incierto.
