México requiere gobiernos inteligentes, conducidos con sentido común y con normas jurídicas con las cuales identifiquemos lo que sucede.
No existe ninguna contradicción entre experiencia y lógica.
Hans Kelsen
Todas las naciones desarrolladas se sustentan en ordenamientos completamente formalizados, sencillos, accesibles y pragmáticos. A través del derecho, al final de cuentas, podemos saber a qué atenernos. De ahí derivan todos los valores que permiten el desarrollo y el bienestar de las naciones.
El ejemplo más conspicuo de esta afirmación es el derecho romano, sólo así se explica que, siendo gobernada por verdaderos sátrapas, Roma llegara a alcanzar su grandeza. Por esa razón, hasta la fecha, en las escuelas de derecho se sigue enseñando ese notable sistema jurídico, vigente en la regulación de dos instituciones básicas: la familia y la propiedad. La sabiduría del derecho romano consiste en algo muy elemental: al derecho hay que descubrirlo más que inventarlo. Tan es así que ya en el siglo V de nuestra era, Teodosio II, emperador del Imperio Romano de Oriente, emitió un edicto muy peculiar: ganaban los litigios quienes citaran a los juristas más reconocidos por su sabiduría. En otras palabras, el derecho vigente se circunscribía al talento de Papiniano, Ulpiano, Celso, Modestino y Gallo, considerados las figuras cumbre. Guillermo Floris Margadant atinadamente denominó a esta figura “El tribunal de los difuntos”.
Lo anterior viene a cuento porque en nuestro caso es casi redundante afirmar que tenemos un pésimo sistema jurídico, que no inspira confianza ni certidumbre. El caso más notable es el Distrito Federal. Con el argumento de que los ciudadanos de esta ciudad reciben un trato de segunda, se ha planteado crear un nuevo estado. La realidad es que las reformas ya aprobadas han propiciado un gobierno negligente que otorga malos servicios. Un archipiélago de instituciones sin coordinación alguna y totalmente desagregadas se atropellan e incurren en deficiencias de todo tipo, desde homicidios colectivos como el acontecido en Tláhuac, en que la policía capitalina no apoyó a la federal, hasta descomunales negligencias que derivaron en las tragedias del New’s Divine y el Lobohombo. Si estos casos se hubieran dado cuando los delegados eran designados, habrían sido cesados y procesados penalmente. Las delegaciones, además, son oficinas burocráticas permeadas por la corrupción, como se ha constatado últimamente.
La nueva reforma habla de crear más organismos, lo cual implica más burocracia. También se habla de mayor transparencia, cuando no tenemos información confiable del costo de los segundos pisos y de la línea 12 del Metro. En este sentido, ha fracasado la Asamblea Legislativa.
Se habla de una Constitución para la Ciudad de México, imagino su contenido: una ciudad con un medio ambiente limpio, con seguridad plena, gobernada honradamente y en donde se podrá transitar con toda libertad. Otro documento jurídico al servicio de la demagogia. No se puede gobernar una ciudad como si fuera un estado, sobre todo tratándose del sitio donde residen los poderes federales.
Mantener secuestrada a la ciudadanía del Distrito Federal es el objetivo del PRD, partido que no ha avanzado en democracia, que despojó al PRI de sus estructuras corporativas y clientelares con las que alcanza mayorías artificiales para continuar en el poder.
México requiere de gobiernos inteligentes, conducidos con sentido común y con normas jurídicas con las cuales identifiquemos lo que cotidianamente sucede. Soy partidario de la democracia, pero la nuestra tiene una profunda patología: la hiperpartidización. Si seguimos sobreestimando el efecto de las leyes sin definir con claridad lo que en realidad pretendemos de ellas, seguiremos cometiendo equivocaciones legislativas que provocan enormes daños de toda índole.
El fin primero del derecho es su observancia; no es positivismo ni abandono de principios elementales del derecho, sino elemental congruencia de la que desafortunadamente carecemos.
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