La conferencia de prensa convocada por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para anunciar la conclusión de las investigaciones en torno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y declararlos oficialmente muertos, se encontró con el rechazo de una gran parte de la sociedad mexicana y de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. El Procurador Murillo Karam reafirmó la tesis que anunció hace cuatro meses: los estudiantes fueron secuestrados, asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y luego tirados sus restos en el río. Todo ello bajo la "responsabilidad" del cártel Guerreros Unidos. Pero la pretendida "verdad histórica" no duró ni 24 horas.
La versión de la PGR se puso de inmediato en entredicho no sólo por los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, sino por especialistas y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA). Mas de 70 organizaciones civiles mexicanas reaccionaron fuertemente ante el intento de cerrojazo al caso Ayotzinapa.
Confirmando que, en efecto se ha producido un cambio notable en la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su nuevo titular Luis Raúl González Pérez, sostuvo en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que el de Ayotzinapa ‘‘no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión’’.
La intentona del cerrojazo, ha quedado en una mini versión oficial que muy pocos creen realmente. Salvo aquellos que operan directa o indirectamente para el gobierno y salieron de inmediato a convalidar un proceso de investigación que no les consta, la mayoría tomó cautela frente a las contradicciones de Murillo Karam, las notables ausencias de las indagatorias y sobre todo, presentar como dato esencial para la conclusión de las investigaciones el testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.
La ausencia más relevante de esas conclusiones es el silencio con el que se responde a la exigencia de investigar a los militares destacamentados en Iguala, a unos metros de donde los estudiantes fueron secuestrados. Sólo a Murillo Karam se le puede ocurrir decir que nadie ha pedido investigar al Ejército, cuando desde distintas instancias, particularmente en el Congreso, se ha solicitado aclarar cuál fue la actuación del 27/o batallón de infantería la noche en que se suscitaron los hechos.
La contradicción más evidente es la desidia, el desdén con el que el propio Procurador Murillo actuó en el caso. Avistado con más de un año de anticipación por el perredista René Bejarano de los andares del alcalde José Luis Abarca y su esposa, con información sobre su escritorio de las complicidades con el narco y los crímenes que urdió sobre adversarios políticos, Murillo nada hizo. Sobrevino la tragedia. Esa responsabilidad ha querido ser olvidada, pues en el momento actual que vive el gobierno federal, Jesús Murillo Karam les garantiza a los miembros del gabinete priísta, la impunidad sobre los escándalos de corrupción que los enlodan.
Y éste es para mi el fondo de la cuestión. Porque en varias encuestas, como en la recientemente realizada por GEA-ISA, la mayoría de la población tiene la creencia de que los estudiantes normalistas están muertos; pero no le creen al gobierno en sus investigaciones ni a sus versiones. Enfrenta una brutal desconfianza ciudadana, y la imagen y credibilidad del Presidente de la República está por los suelos. Su aprobación es la más baja de cualquier época, el 37%. El sistema de partidos está también tocado por la desconfianza, que anticipa que menos de uno de cada tres ciudadanos iría a votar en junio próximo.
La crisis de legitimidad se ancla en el deterioro institucional, y éste tiene su principal base en la impunidad que se quiere mantener a toda costa. ¿Cómo no se va a desconfiar de un gobierno, cuando la sombrilla de la corrupción política la sostiene el mismísimo Presidente de la República?. La falta de explicaciones sobre los bienes adquiridos por él y su esposa, más la casa de su consejero jurídico y la otra del Secretario de Hacienda, sólo confirma la decisión de proseguir el sexenio con todo y la profunda rasgadura moral a su investidura, obviamente protegido por el pacto de impunidad.
Pacto que por cierto, tiene uno de sus ejes de sostenimiento en el anticuado artículo 108 de la Constitución, párrafo segundo, al limitar que el Presidente de la República sólo puede ser responsable de traición a la patria y delitos graves de orden público. Esto ha actuado, en la práctica, como una norma eximente de responsabilidad, tanto desde el punto de vista administrativo como penal, lo que ha robustecido y servido de precedente para el famoso fuero constitucional de representantes populares y altos funcionarios, cuyos actos contrarios a derecho han resultado, de facto, impunes, toda vez que para su sanción, se requiere la autorización del congreso de la unión.
El Presidente de la República en nuestro país, puede ser el gran impune, y lo ha sido históricamente. Cuando debería ser el ejemplo. Quizá los escándalos contribuirán, por lo menos, a que esa impunidad se trastoque, pues además de una desconfianza mayor sobre su integridad personal, Erique Peña Nieto adiciona a la irritación social una enorme decepción por su desempeño; más de la mitad de la población considera que ha hecho menos de lo que se esperaba de él. Por lo menos en lo económico, ya no digamos en lo ético o en lo político, en términos de renovación. El año que terminó no fue bueno en materia económica, la reforma fiscal ha impactado de manera muy negativa y con efectos inflacionarios ya medidos. Es muy probable que el crecimiento a fin de año sea menor al 2.7% que previó la SHCP para 2014.
Vivimos pues una severa crisis política a partir de los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y el génerico Casa Blanca, en el que se engloban todas las casas. Según el Gabinete de Economistas Asociados, son tres los componentes de esta crisis: instituciones de seguridad y justicia cuestionadas; liderazgo presidencial débil, y legitimidad de la democracia disminuida. La crisis desatada por la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa y los escándalos de posibles conflictos de interés en el gabinete presidencial generaron una de las más profundas crisis de credibilidad gubernamental, que han afectado, sin lugar a dudas la gobernabilidad del país, a través de lo que GEA-ISA denomina las tres crisis: Institucional, como debilidad e ineficacia crónicas de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia (causa de la masacre de normalistas de Ayotzinapa) y el involucramiento de autoridades y partidos políticos en los hechos provocaron un amplio movimiento social de exigencia por el fin de la impunidad; Crisis de liderazgo, por los cuestionamientos a la estrategia de seguridad, a la conducción gubernamental de la crisis y la sospecha de un conflicto de intereses que toca al presidente Peña Nieto, han debilitado al gobierno en su conjunto y puesto en entredicho su eficacia; la Crisis de legitimidad, en la que el común denominador de las dos crisis anteriores es la impunidad y la debilidad del Estado de derecho en México. Así, la combinación de esas crisis anteriores dio origen a una tercera: la ampliación de la brecha entre sociedad e instituciones políticas.
Además de exhibir cuan poco se le cree al Procurador General de la República y al gobierno federal en su conjunto, el caso Ayotzinapa sigue mostrando "las deficiencias de la estrategia del gobierno en la materia: La coordinación entre autoridades, como eje de la estrategia, reveló ser insuficiente; la política de comunicación social, enfocada a minimizar el tema, tuvo una consecuencia negativa: hacer mayor el contraste entre el evento de Iguala y el discurso oficial; Ubicar a la seguridad como prioridad política secundaria, tanto por la vía del discurso como de presupuestos inerciales y la poca relevancia dada al fortalecimiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia".
P.D. El próximo viernes 6 de febrero, en el Auditorio Civico Municipal de Ciudad Juárez, se instalará la Asamblea Constitutiva del capitulo local en ésta frontera, del Movimiento Chihuahuense UNION CIUDADANA, cuya causa toma fuerza y logra despertar la participación de miles de chihuahuenses que luchamos en contra de la tiranía del gobernador del Estado César Duarte Jaquez y exigimos que sea castigado por el escándaloso caso de corrupción contenido en la denuncia penal interpuesta en su contra en la PGR, por enriquecimiento ilícito, peculado, uso abusivo de funciones, y ejercicio indebido de facultades y atribuciones.
Luego vendrán otras asambleas en Ojinaga, la Sierra y Madera. El reto formidable de la insurgencia cívica que ha desatado la corrupción Duartista, será una gran concentración en la Ciudad de Chihuahua, el sábado 28 de febrero, a las 4:30 de la tarde, en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para exigir su inmediata salida del Gobierno.
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