Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, dio los resultados sobre el operativo del 9 de julio en Chalchihuapan, Puebla (Elvia Cruz).
No fue la onda expansiva de un cohetón la que causó la muerte del niño sino un proyectil de gas lanzado por un policía, asegura la Comisión
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que fue un cilindro de gas de largo alcance lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, quien fue herido durante una manifestación el pasado 9 de julio en Chalchihuapan, Puebla.
La investigación de la comisión, elaborada con base en 10 dictámenes periciales, encontró evidencias para asegurar que hubo un impacto directo de un proyectil con el cráneo del menor.
“No fue lesionado por alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón”, aseguró Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, en una conferencia de prensa.
“Según las características de las lesiones que presentó en el cráneo y ante el tipo de armamento que portaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, para la comisión nacional existen elementos suficientes para observar que las lesiones fueron producidas con alguno de los 54 proyectiles de largo alcance irritante calibre 37/38 milímetros utilizados por los elementos policiales”, añadió.
El gobierno de Rafael Moreno Valle dijo en un comunicado que aceptó en su totalidad las recomendaciones emitidas por la CNDH y que las sumará a las que han hecho las autoridades estatales, que llegaron a distintas conclusiones.
"El dictamen correspondiente, publicado el día de hoy, enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, las cuales, ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo".
El gobierno estatal atendió la primera recomendación de la CNDH al nombrar un fiscal especial encargado de dar seguimiento a las investigaciones: Juan Pablo Piña, jefe de la oficina del Ejecutivo, será el responsable de verificar el cumplimiento de las observaciones.
El 31 de julio, el procurador estatal, Víctor Carrancá Bourget, aseguró que fue la onda expansiva causada por la explosión de un cohetón lanzado por un grupo infiltrado lo que causó el homicidio del niño, mientras que la mamá, Elia Tomayo, consideró que fue una bala de goma.
Las conclusiones de la CNDH también difieren de la postura de la mamá y de los pobladores de Chalchihuapan, pues no fue una bala de goma lo que hirió a Tehuatle Tamayo, sino un cilindro de gas.
La versión de la comisión
Según la CNDH, uno de los 426 policías estatales que participaron en un operativo desplegado en el kilómetro 14 de la autopista a Atlixco-Puebla fue el responsable directo de la lesión que posteriormente causó la muerte al menor.
Plascencia Villanueva aclaró que el titular de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, fue quien estuvo al frente del operativo en todo momento.
“Incluso fue consultado por sus mandos medios si se hacía uso o no de la fuerza pública contra los pobladores”, añadió el presidente de la CNDH.
El 21 de agosto, el gobierno de Puebla difundió un comunicado en el que responsabilizó a Willibaldo Díaz Castillo, director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, de haber dado la orden del desalojo el día de los hechos.
El jefe directo de Díaz Castillo es el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez; subordinado de la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos; quien a su vez responde directamente ante el titular de la SSP de Puebla, Facundo Rosas Rosas.
Otros lesionados
Según el ombudsman, también se pudo comprobar que otros nueve civiles resultaron con heridas graves, e incluso con mutilaciones, causadas también por cilindros de gas lacrimógeno lanzados por los policías estatales, pero éstos de menor alcance.
La CNDH consideró que la policía estatal incurrió en la aplicación “excesiva y negligente” del uso de la fuerza pública en el desalojo de los pobladores de san Bernardino Chalchihuapan, quienes reclamaban el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad el pasado 9 de julio.
La CNDH emitió un total de 10 recomendaciones al gobierno de Rafael Moreno Valle entre las que destaca que la administración estatal debe iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget.
Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública, crear una fiscalía especial para investigar lo sucedio, desarrollar mecanismos efectivos para la atención mediante el diálogo a manifestantes, dotar de equipos de videograbación a las fuerzas de seguridad estatales, entre otras recomendaciones.
En caso de que estas recomendaciones no sean respondidas en un plazo de diez días, el ombudsman aseguró que solicitará la comparecencia de los funcionarios ante el Senado de la República.
Plascencia Villanueva dijo que acompañará a la madre de José Luis Tehuatlie a presentar una denuncia penal contra los servidores públicos que resulten responsables por el homicidio del menor.
Para su investigación, la CNDH realizó o analizó 196 entrevistas, 49 visitas de campo, 67 certificaciones médicas, 10 dictámenes periciales, 433 videos, 4,000 audios de voz y 6,000 fotografías.
There is no ads to display, Please add some
