El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) advirtió que la austeridad afecta ya en los estados del país y rezaga la atención del 90 por ciento de las carpetas de investigación en proceso.
Señaló que, “de los delitos que se procesan en el sistema de justicia penal mexicano, 90 por ciento son locales. En la justicia federal hay una carga de trabajo del 10 por ciento. Cuando uno analiza esto desde las instituciones, nos damos cuenta que las defensorías locales están en una tremenda situación de desventaja, no sólo porque tienen una enorme carga de trabajo –nueve de cada 10 asuntos–, sino también por los bajos salarios de sus defensores y además porque cuentan con un mínimo apoyo presupuestal del Estado”.
Informó a legisladores federales que en 2019 se atendieron 56 mil 235 asuntos, que significaron 44 mil 320 personas, 7 y 10 por ciento más, respectivamente, que en 2018, y aclaró que “los defensores públicos federales cuentan con mejores salarios (los defensores públicos federales ganan de cuatro a seis veces más) y están más preparados en comparación con los estatales, quienes, en su mayoría, son insuficientes, pues en algunas entidades con altos índices de violencia atienden hasta mil asuntos al año, lo cual es inviable”.
En el análisis La importancia de la función del defensor en la impartición de justicia penal: retos y realidades, el instituto subrayó que lo anterior “impide que se cumplan los mandatos constitucionales y demás leyes en materia del derecho al acceso a la justicia y del servicio de defensoría y asesoría de calidad”.
Señala que se detectan cuatro problemas fundamentales de la defensoría pública en el país: 1) el de estructura y recursos humanos; 2) capacitación y profesionalización; 3) carencia de un sueldo apropiado, y 4) falta de presupuesto.
Además, se indica que, según el Diagnóstico sobre la Percepción de la Defensoría Penal en México, que elaboró la organización Reinserta, el 52.9 por ciento de la población privada de la libertad con sentencia dictada contó con un defensor público durante el proceso judicial, y 50.6 de quienes están en vía de ser procesados ha tenido un abogado público, ya que uno privado cobra de 100 a 300 mil pesos.
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