Es imprescindible vigilar el proceder de las autoridades y exigirnos, al opinar, conocimiento de causa y responsabilidad.
Ellas, a su vez, deben ponderar las consecuencias de sus acciones y omisiones, porque nada sencillo es gobernar. Con frecuencia se enfrentan a bienes jurídicamente tutelados y yuxtapuestos, debiendo decidir por el de mayor valor, sin soslayar a los de menor cuantía.
Pero en la procuración y administración de la justicia, menos deben consentirse el mero cálculo político ni el sometimiento a la “opinión pública”. Bien se sabe que ésta es formada y deformada por quienes impunemente abusan de los modernos medios de comunicación, y no pocas veces escondidos en el anonimato.
El pueblo sigue viviendo, como en el Imperio Romano, de pan y circo; con mendrugos en lo social y retazos de justicia.
No nos engañemos, en los casos que impactan a la comunidad la maldita “opinión pública” (así, entre comillas, que no es opinión ni pública) rápidamente prejuzga, condena y lincha, o absuelve, exonera y justifica, ante la lentitud, torpeza y frecuente corrupción con la que opera una parte no pequeña y desprestigiada del aparato de justicia.
Al final no hay satisfacción para nadie: la sociedad queda indignada; los justiciables fácilmente son atropellados; y a la justicia “todos ellos la mataron y ella sola se murió”.
Dos ejemplos tomados de ese remolino de infamias estridentes:
UNO. Ayotzinapa, 43 seres humanos que, “en el momento del alba, a la hora de su destino y en medio de la rosa de los vientos”, fueron desaparecidos y tal vez incinerados frente al único testigo incapaz de mentir y declarar: el cielo de Iguala.
Para la “opinión pública” fueron el entonces alcalde Abarca y su esposa —”la pareja imperial”— quienes los mandaron matar.
Pues sepa Ud. que a esta fecha no existe proceso alguno contra ellos por ese crimen; que diversos jueces negaron órdenes de aprehensión en su contra, hasta que otro juez los juzga por algo distinto de lo ocurrido a los normalistas.
No defiendo a la pareja, ni creo que sean Teresas de Calcuta, pero están en la cárcel para satisfacer a la “opinión pública”, a quien ahora unos cuantos sinvergüenzas la inducen para que incrimine a militares en el mismo hecho.
DOS. Tlatlaya. Sería absurdo esperar sentencias firmes para opinar sobre hechos públicos y notorios; pero ante un enfrentamiento de civiles y militares en la oscuridad de la noche, y tres mujeres, acompañantes de los primeros, que deponen contradiciéndose consigo mismas y entre ellas, así como dos “testigos protegidos” (?), no basta que un diario extranjero difundiera información sesgada para que dictámenes periciales y consignaciones, dogmáticos y sustentados en conjeturas, tengan bajo proceso a varios militares, que, por supuesto, ya fueron linchados por “la opinión pública”.
En México los derechos humanos y la presunción de inocencia no llegan a policías, soldados y marinos; para ellos: olvido, escarnio, prisión o muerte.
ADENDUM. SIN NOVEDAD: dinero, corrupción y fuga.
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