Una nueva ley iraní que plantea la posibilidad de la pena de muerte por aborto ha sido condenada por expertos independientes en derechos humanos, que han declarado que es una «clara contravención del derecho internacional».
En un comunicado emitido el martes, los expertos pidieron a las autoridades iraníes que deroguen la ley de «Población juvenil y protección de la familia», que fue ratificada por el Consejo de Guardianes de Irán el 1 de noviembre.
La ley, dijeron los expertos, restringe severamente el acceso al aborto, la anticoncepción, los servicios de esterilización voluntaria e información relacionada, en violación directa de los derechos humanos de las mujeres bajo el derecho internacional, y contiene una disposición que establece que si se lleva a cabo a gran escala, el aborto disminuiría. bajo el delito de “corrupción en la tierra” y se castiga con la pena de muerte.
«El Gobierno iraní está adoptando nuevas medidas para utilizar el derecho penal a fin de restringir los derechos de las mujeres, con el fin de aumentar el número de nacimientos, lo que obligará de hecho a muchas mujeres y niñas a continuar los embarazos no deseados hasta el término, lo que sería intrínsecamente discriminatorio», declararon los expertos.
Graves restricciones a los derechos de las mujeres
El aborto en Irán está efectivamente prohibido, salvo algunas excepciones. La nueva ley pone las decisiones finales sobre el aborto terapéutico, en caso de amenaza a la vida de la mujer embarazada o anomalías fetales, en manos de un panel compuesto por un juez, un médico y un médico forense, en lugar de las mujeres embarazadas. apoyado por el médico.
Para los expertos de la ONU, la ley viola los derechos a la vida y la salud, el derecho a la no discriminación y la igualdad, y a la libertad de expresión al hacer ilegal el acceso a una variedad de servicios de salud reproductiva y compartir información sobre derechos reproductivos.
La ley también prohíbe la distribución gratuita de anticonceptivos e impone la prohibición de esterilizaciones voluntarias para hombres y mujeres, salvo casos muy excepcionales. La medida, dijeron los expertos, impactará de manera desproporcionada a las mujeres en situaciones de marginación y víctimas de violencia sexual.
Riesgo de muerte materna
En opinión de los expertos, la ley no detendrá los abortos.
Señalaron datos que ilustran que “criminalizar la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que recurren al aborto”.
«En cambio, obliga a las mujeres a arriesgar sus vidas al someterse a procedimientos clandestinos e inseguros».
Según datos oficiales, cada año se realizan en Irán entre 300.000 y 600.000 abortos ilegales.
Según la ley, se restringirán las pruebas de detección prenatal y el Ministerio de Salud establecerá un sistema para recopilar información sobre todas las personas que acudan a un centro de salud para recibir tratamiento de fertilidad, embarazo, parto y aborto, una medida aparentemente diseñada para expandir el monitoreo de embarazos y desalentar los abortos.
“Restringir el acceso de las mujeres a los bienes y servicios anticonceptivos gratuitos provocará embarazos no deseados y una alta mortalidad materna”, advirtieron los expertos.
“Vigilaremos de cerca el impacto de esta ley en las muertes maternas y aseguraremos la rendición de cuentas por no actuar con la debida diligencia para prevenir la muerte de mujeres y niñas con embarazos de riesgo, o la muerte de aquellas que se someten a abortos inseguros”, agregaron.
Cruel y degradante
El paquete de medidas contenidas en la ley podría, por lo tanto, equivaler a violencia de género porque las mujeres a las que se les niega un aborto seguro pueden incurrir en sufrimiento mental y físico, según los expertos de la ONU.
Además, la tipificación del aborto como delito puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano, y puede constituir tortura.
“Instamos al Gobierno a que derogue de inmediato la ley sobre ‘Población juvenil y protección de la familia’ y a que adopte medidas para poner fin a la penalización del aborto y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva, de una manera segura, asequible y acorde con sus derechos humanos ”, dijeron los expertos.
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