Chilpancingo, México (17 diciembre 2015).- El Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, aseguró que el Ministerio Público del Fuero Común integró una averiguación previa por el hallazgo de al menos 19 cadáveres en fosas clandestinas en el Municipio de Leonardo Bravo.
El Gobernador Héctor Astudillo informó que dialogó con el delegado estatal de la PGR, José Juan Monroy García, quien le dio a conocer de ese hallazgo de los cuerpos cerca del poblado de El Naranjo.
«Yo mismo había expresado que no conocía ese hallazgo, pero hoy me lo notificaron formalmente», manifestó.
Indicó que es la Procuraduría General de la República(PGR) la que lleva a cabo estas investigaciones.
La versión que en forma extraoficial dio a conocer la PGR el pasado lunes es que durante el 7, 8 y 9 de diciembre, personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos realizó estos trabajos de extracción de 19 cuerpos, ocho de ellos, totalmente fragmentados en el fondo de una barranca de aproximadamente 50 metros, entre inmediaciones de la cabecera de Chichihualco y El Naranjo.
Por otra parte, integrantes de «Los otros desaparecidos de Iguala» y la organización del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) acusaron al Gobernador Héctor Astudillo de haber ocultado esta información.
En un comunicado, los familiares de «Los otros desaparecidos de Iguala» expresaron que el 9 de diciembre fueron convocados por la PGR en Iguala para una «reunión privada» para informar del hallazgo y exhumación de 22 restos humanos en una fosa en el Municipio de Leonardo Bravo.
«En dicha reunión se informó del hallazgo de 22 cuerpos, algunos de ellos, calcinados», señala Tadeco.
Desde hace un año, después del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Tadeco y los familiares de los otros desaparecidos iniciaron la búsqueda de personas levantadas y secuestradas por la delincuencia.
Esta búsqueda la siguen realizando en fosas clandestinas que han encontrado en los alrededores de Iguala y a veces son acompañados por personal de la PGR.
Señalan que de manera confidencial se les informó que una persona que tiene un familiar desaparecido ubicó el lugar de dicha fosa en el Municipio de Leonardo Bravo.
Esta persona comenzó a buscar a su familiar y después de mucho tiempo ubicó un acantilado donde colgaban y mataban a las víctimas sin enterrarlas, estableció Tadeco.
«Eso confirma una vez más que son los familiares quienes investigan y aportan los elementos para la localización de restos humanos y no las autoridades», advierte esta organización.
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