La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y medios publicada en junio de 2013 en el DOF, estableció en su quinto transitorio como fecha para concretar el apagón analógico en todo el País, el 31 de diciembre de 2015 y así dar paso a la transición digital terrestre, e instruyó a los poderes de la Unión a promover en el ámbito de sus competencias la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios.
Derivado de este mandato, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 y 2015 ha incluido partidas cuantiosas por más de 24 mil millones de pesos, que van dedicadas a proporcionar a fondo perdido equipos de recepción de televisión digital para los 9.4 millones de hogares que lo requieren, según Sedesol, que representan 39 por ciento de los 24 millones de hogares en el País.
IFT reconoce que ya se han entregado 6.2 millones de pantallas y están en proceso de dar 3.2 millones más de aquí a fin de año.
En las leyes secundarias le agregaron que es responsabilidad de la SCT cumplir el encargo, para lograr el apagón analógico el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel de penetración de 90 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol.
Este texto, incluido en el décimo noveno transitorio de la ley secundaria, explica el jaleo que se traen en la guerra de cifras entre el IFT y columnistas afines a los intereses afectados por el apagón, ya que cumplir en Monterrey, por ejemplo, con un apagón que deja fuera de la señal digital al 10.3 por ciento de hogares como lo señala la encuestadora Planningquant, se apega a lo que dice la Ley; mientras que si Nielsen-Ibope sostiene que se dejaron fuera al 16 por ciento, eso no cumple la Ley.
Es evidente que el apagón tiene implicaciones políticas y de negocio que lo ponen en medio de una telaraña de intereses, en donde el más importante, el interés público, puede ser afectado. Me explico:
La transición a la TV digital terrestre fue programada por primera vez el 2 de julio de 2004, cuando publicamos en el DOF la política que consideraba ir apagando de manera escalonada ciudades en seis periodos trianuales hasta terminar en 2021.
Era un programa que no consideraba subsidio del Estado y que atendía a la adopción gradual por fuerzas de mercado de la tecnología digital.
Es falso que dejara para 2021 el apagón, ya que antes de esa fecha ya estarían transmitiendo en digital las principales ciudades para apagar gradualmente conforme el mercado digital se masificara.
Después, en el sexenio de Felipe Calderón, el perdido en materia de medios y telecomunicaciones, por razones a todas luces electorales se decidió, sin si quiera consultar a la aún existente Cofetel la idoneidad de la fecha, “adelantar” (sic) el apagón a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
En palabras de Calderón: idealmente en 2012, obvio cuando terminaba su periodo.
En esa época el anuncio -en el cuarto informe de ese Gobierno- de la publicación de un decreto Presidencial al día siguiente, 2 de septiembre de 2010, para “adelantar” el apagón, era aplaudido a rabiar por su gabinete, en particular por Javier Lozano, quien todavía se entendía con Calderón, quien hoy lo desconoce y que ahora promueve el retraso y califica de irresponsable la fecha, ¿curioso no?
Después vino en 2013 la reforma constitucional y retomó con el acuerdo de PRI, PAN y PRD la fecha del 31 de diciembre de 2015, que ahora no gusta por diversas razones:
Primero: a los partidos opositores del PRI no les gusta el apagón en este año, porque coincide con las fechas previas a elecciones de 2016 y 2018, es decir, habrá el Gobierno regalado por mandato constitucional 9.4 millones de pantallas digitales a la gente mas modesta. Nada mal para preparar una elección.
Segundo: a los operadores de TV abierta porque representa que la tercera cadena de televisión que sólo transmite en digital pueda competir en igualdad de circunstancias de mercado, ya que, mientras sigan prendidas las señales analógicas habrá millones de hogares que no tengan un receptor digital para ver las señales del nuevo entrante.
Y pues bueno, en todo este merquetengue, el que puede salir raspado es el consumidor final, ya que después de tanto dinero público invertido hay una campaña para retrasar, incendiando el apagón, y con ello haber gastado sin resultados y además limitar la competencia que tanta falta le hace a este mercado. ¿Kafkiano no cree usted?
El autor es presidente del Grupo Alcance. Experto en medios y telecomunicaciones.
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