De septiembre para acá ha habido acontecimientos y revelaciones que han alterado la tranquilidad en el país. A partir de las inconformidades en el Instituto Politécnico Nacional, inicialmente atendidas por el Secretario de Gobernación, fueron casi de inmediato relegadas por el de Educación.
No se sabe si las posibilidades iniciales de solución se perdieron en la maraña burocrática de la SEP o si los funcionarios de ésta las desecharon, pero la suspensión de actividades duró tanto tiempo que se enlazó con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Esta desaparición, que el gobierno federal desatendió inicialmente por considerarla del orden local, creció hasta convertirse en reclamo mundial. El número 43 ya es referente mundial del abuso policiaco. Sin igualarlo de manera alguna con las desapariciones en el Cono Sur durante las dictaduras militares, sí es estigma para un régimen democrático.
A casi tres meses desde la desaparición de los normalistas, las investigaciones continúan y apenas hay detenidos; sabemos lo que sucede a cuentagotas. Además del normalista identificado por un resto calcinado, no hay más datos relevantes que se hayan dado a conocer. Seguramente no los hay, porque la presión de los padres de los normalistas no baja, y el apoyo popular tampoco. Pareciera como si los muchachos hubieran sido arrojados al mar como en la Argentina de 1976-1983.
Si esto hubiera sucedido hace 40 o 50 años, y todo mundo culpara al gobierno federal por haber ordenado la desaparición, la habría aceptado con la misma resignación que la masacre de Tlatelolco y el Jueves de Corpus; fuera de culpar y maldecir al gobierno no habría pasado nada.
Pero en tiempos de la democracia ya no es tan sencillo: ahora medios y comentaristas demandan atención y explicaciones plausibles; no aceptan un seco "se está investigando", exigen de resultados a corto plazo. Y una gran parte de la ciudadanía apoya la exigencia.
Si bien aún no ha habido pronunciamientos populares contra el gobierno, sí ha habido un enorme reclamo por la falta de resultados en investigaciones y aclaraciones. Ni la detención del alcalde de Iguala y su esposa, considerados como autores intelectuales, ni la renuncia del gobernador disminuyen el reclamo. La mayoría de los ciudadanos exige que los normalistas sean presentados y se castigue a los responsables.
Los primeros dos meses el gobierno se pasmó. No atinó a resolver el problema ni a articular comunicación eficiente. Tardó un tiempo largo sin saber qué hacer ni que decir. En condiciones normales, es decir cuando el gobierno es aceptado por la población, es problema superable, pero con un índice de aceptación popular tan bajo como el actual, es cuesta arriba.
El Presidente Peña ganó la elección en 2012 y llegó al gobierno al ofrecer que "ellos sí sabían gobernar", pero de inmediato propuso una reforma fiscal poco convincente, y dos años después insiste en ella. Criticó el uso del ejército en tareas de seguridad pública, pero recurrió a él en Michoacán. Las Reformas Educativa y Petrolera no pueden ser aplicadas en todo el país por la oposición de los sindicatos respectivos.
Para complicar el panorama, el gobierno federal ha sido señalado por declarar desiertas licitaciones, y luego asignarlas a gentes de su confianza. Y en ese ambiente aparece una casa de altísimo precio a nombre de un proveedor gubernamental que la vendió a la Primera Dama.
Un intento de rectificación ahonda al problema y la presentación de la declaración presidencial de bienes termina por dar indicios de la existencia de regalos indebidos en el pasado. Una casa de campo del Secretario de Hacienda se añade a la lista de bienes con orígenes en compadrazgos.
Cualquier error gubernamental que se cometa en lo sucesivo puede ser la gota que derrame el vaso, y que el país entero se salga de control.
El gobierno requiere prudencia al máximo, pero también decidirse a aplicar la ley de inmediato cuando sea necesario; el Presidente tiene, además, que prescindir de colaboradores que le han fallado y que han complicado la vida de todos.
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