¿En dónde radica la gobernabilidad de una sociedad? Fundamentalmente en el Estado de derecho, en la certeza de la aplicación imparcial de la ley. Y el Estado de derecho requiere un ingrediente fundamental: la rectitud de la autoridad. Esa rectitud garantiza la gobernabilidad y da vida a la norma abstracta. La rectitud en el ejercicio del poder significa que el derecho es valioso y acatable por todos. No sólo porque su incumplimiento conlleva una sanción, sino —y sobre todo— porque quien está a cargo de dirigir a la comunidad ejerce el derecho conforme a sus fines naturales: el bien común, la seguridad jurídica y la justicia.
Contrariar los fines del derecho, quebrantar la ley misma, es acabar con la gobernabilidad. Por eso la primera y la máxima obligación del gobernante es “guardar y hacer guardar la ley”. Ese es el juramento que hace cualquier servidor público, desde el Presidente de la República hasta el alcalde del municipio más pequeño. Y es tan importante, que para eso el gobernante tiene el derecho exclusivo de la fuerza pública, una fuerza legítima para cumplir y hacer cumplir la ley. Nada más, pero nada menos.
Por eso, por ejemplo, el Estado puede cobrar impuestos incluso a la fuerza, como ahora el gobierno amenaza hacer a empresarios. Pero la misma ley lo obliga a hacer lo necesario para liberar carreteras y vías férreas que, cuando son bloqueadas ilegalmente, arruinan no sólo a esos empresarios, sino a sus trabajadores y al país entero.
¿La disponibilidad de la fuerza pública excluye el diálogo? ¡Por supuesto que no! La ética pública y política obligan al diálogo para resolver pacíficamente las controversias. Pero deben garantizarse los derechos humanos, los derechos de todos, no sólo de quienes ejercen la libertad de expresión o de manifestación de ideas. Cuando se hacen excepciones, cuando la ley se aplica discrecionalmente, se generan problemas de gobernabilidad. En cambio, cuando la sociedad reconoce a una autoridad que aplica imparcialmente la ley y cree en ella, entonces se construye la gobernabilidad.
Pensemos, por ejemplo, en los innumerables conflictos de tráfico en la Ciudad de México. Cerca de la casa de ustedes, en la Calzada de los Leones hay doble circulación. Pero en horas de tráfico basta que un solo automovilista, generalmente un microbús, invada el carril contrario impunemente para que otros lo sigan. Se genera un caos aún mayor que termina haciendo imposible que se avance. Se llega a un punto en el que ya no hay ni reglamento ni policía que valga. Ese caos se pudo evitar con el cumplimiento del Reglamento de Tránsito por parte de los conductores y con su aplicación imparcial por parte de la policía.
Hay días que uno siente el caos en todos lados: se toman carreteras, se bloquean vías férreas, aumenta la inseguridad y los homicidios. Parece que en México es más redituable violar la ley que cumplirla. Por eso, da la impresión de que la reforma educativa, uno de los grandes méritos del presidente Peña Nieto, puede caer. ¿Por qué lo que aparentaba avanzar decididamente en una Secretaría está ahora detenido en otra? ¿Cuál es el acuerdo económico al que se está llegando y cuánto va a costar? ¿Esos son los incentivos para instaurar el Estado de derecho? ¿Está la reforma más importante de esta administración atrapada por otros intereses? ¿No tenemos los ciudadanos derecho a saber cuál es el resultado de esta negociación?
La ingobernabilidad polariza y enfrenta más a la sociedad, porque cuando la autoridad no aplica la ley o lo hace parcialmente, favorece los derechos de unos sobre otros. Hoy el debate enfrenta a diversos sectores, y esto no debe ser así: todos tenemos derechos que deben respetarse. El Estado debe velar por la tranquila convivencia que da el orden eficaz y justo. De lo contrario, todos terminaremos perdiendo.
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