El panorama de la seguridad patrimonial en México enfrenta un desafío creciente. Al corte de febrero de 2026, el país ha registrado un acumulado de 127,241 denuncias por fraude en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. Esta cifra refleja una tendencia que, lejos de estabilizarse, muestra señales de alerta por el incremento en el volumen de casos reportados ante las autoridades en comparación con años anteriores.
Tan solo durante el segundo mes de este año, se contabilizaron 9,123 denuncias, lo que representa un aumento del 8% respecto a las 8,474 reportadas en febrero de 2025. Si se observa el comportamiento histórico reciente, el año 2025 cerró con un total de 108,724 casos, mientras que los dos primeros meses de 2026 ya suman 18,517 registros, evidenciando una presión constante sobre el sistema de justicia y la economía de los ciudadanos.
La distribución geográfica de este delito revela una concentración crítica en tres entidades específicas. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco agrupan el 45% del total de los fraudes denunciados en el periodo actual. La capital del país encabeza la lista con 25,352 casos, seguida por la entidad mexiquense con 19,396 y el estado jalisciense con 12,143. En contraste, estados como Tlaxcala (31), Chiapas (199) y Yucatán (260) presentan las cifras absolutas más bajas en el acumulado nacional.
Sin embargo, al analizar la incidencia por cada millón de habitantes, el orden de vulnerabilidad cambia. Bajo esta métrica, la Ciudad de México se mantiene en el primer puesto con una tasa de 2,753 denuncias, pero es seguida de cerca por Baja California Sur con 2,713 y Querétaro con 2,262. Estas cifras sugieren que, independientemente del volumen poblacional, existen regiones donde la probabilidad de ser víctima de un engaño patrimonial es significativamente más alta.
El reporte destaca que el fraude ha mantenido un crecimiento sostenido desde 2015, año en que se registraban poco más de 59,000 casos anuales. Para 2023, la cifra escaló hasta los 114,458 registros, marcando el punto más alto en la serie histórica reciente antes de un ligero descenso en 2025. Esta evolución pone de manifiesto la sofisticación de las redes delictivas y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención ciudadana.
Expertos en seguridad señalan que este tipo de delitos suelen incrementarse en entornos donde el uso de tecnologías digitales para transacciones financieras no va acompañado de una cultura de ciberseguridad robusta. Con casi 20,000 denuncias en apenas dos meses de 2026, el reto para las autoridades federales y locales será contener una cifra que amenaza con superar los récords establecidos en años previos.
