El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitó el 2 de abril de 2026 que la Asamblea General examine de urgencia la situación de las desapariciones en México, al detectar indicios fundados de que el delito persiste y podría configurarse como crimen de lesa humanidad. El Gobierno federal rechazó de inmediato el informe, calificándolo de tendencioso y parcial. Argumentó que omite los avances institucionales registrados desde 2018, especialmente las reformas de 2025 que fortalecen la Alerta Nacional de Búsqueda, el Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación interinstitucional. Las autoridades federales insistieron en que no existe una política estatal de desapariciones forzadas y que la mayoría de los casos obedece a la acción de grupos delictivos, no a agentes públicos.
Sin embargo, en los últimos días los colectivos de buscadores han documentado nuevos hallazgos que contrastan con ese discurso. En Reynosa, Tamaulipas, el Colectivo Amor por los Desaparecidos localizó una fosa clandestina con restos que podrían corresponder a entre siete y catorce personas; se trata del quinto punto positivo reportado en la misma semana. En Jalisco, cerca del Estadio Akron —sede del próximo Mundial de Fútbol—, organizaciones como Guerreros Buscadores y Manos Buscadoras han exhumado más de 450 bolsas con restos humanos en predios de Zapopan y municipios aledaños durante los meses recientes. Estos descubrimientos se suman a un patrón nacional donde las fiscalías estatales reportan miles de fosas en los últimos años, mientras plataformas ciudadanas registran cifras aún mayores.
Las posturas divergen de manera marcada. El Ejecutivo federal subraya la transformación estructural emprendida y la colaboración con familias de desaparecidos para cumplir con la responsabilidad estatal de búsqueda, identificación y justicia. Defiende que los señalamientos de la ONU se basan principalmente en casos de 2009-2017 y en cuatro entidades, ignorando los esfuerzos actuales. Por su parte, los colectivos de madres y familiares argumentan que la realidad en el terreno revela una crisis persistente: la ausencia de investigaciones exhaustivas, la lentitud en la entrega de restos y la falta de protección efectiva para quienes buscan. Organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconocieron la gravedad del informe de la ONU y llamaron a reforzar la cooperación internacional, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Gobierno federal lo han cuestionado con firmeza.
Este contraste genera polémica porque cuestiona la eficacia real de las reformas anunciadas. Aunque el Comité de la ONU reconoce la ausencia de una directriz federal sistemática, advierte sobre posibles omisiones deliberadas o complicidades locales que facilitan la impunidad. Los hallazgos recientes, además, exponen la vulnerabilidad de las buscadoras, quienes asumen riesgos que corresponden al Estado. La discrepancia entre datos oficiales y registros ciudadanos alimenta el debate sobre transparencia y responsabilidad institucional.
En síntesis, los nuevos descubrimientos de fosas clandestinas en varios estados colocan en tensión el relato de avances oficiales frente a la persistencia de una crisis humanitaria. El desafío radica en conciliar el compromiso declarado con resultados tangibles que devuelvan certeza a las familias y restablezcan la confianza en las instituciones. Solo una política integral, con mayor escrutinio y colaboración efectiva, podrá atender la magnitud del problema.
