Fondos internacionales para transporte público

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Es necesario destacar la confianza que hoy muestran los organismos internacionales para invertir en proyectos en la Ciudad de México.

La semana estuve presente  en el Foro Internacional Transforming Transportation 2015, como parte de la delegación mexicana. Este evento es organizado por el Banco Mundial y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), con el fin de compartir experiencias exitosas en materia de movilidad y explorar las opciones para construir ciudades inteligentes que detonen la inclusión del crecimiento económico y la calidad de vida de las personas, como parte de la agenda de desarrollo mundial.

Washington reunió a los principales expertos, líderes mundiales y tomadores de decisiones sobre movilidad urbana sustentable. La Ciudad de México, como la quinta más grande del mundo tuvo su representación en este importante foro, a cargo del Jefe de Gobierno de la Ciudad.

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La participación del Doctor Miguel Ángel Mancera permitió detallar a la comunidad internacional los avances que hemos tenido en nuestro marco jurídico y en políticas públicas para la movilidad. De la misma forma logró acercamientos exitosos con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para la posible inversión de 250 millones de dólares para un ambicioso proyecto de mejora al transporte público sustentable.

Es lo justo, de obtenerlos, su correcta implementación beneficiará al 80% de los capitalinos.

¿Qué hace falta?

Los organismos internacionales han puesto sus ojos en el Distrito Federal, gracias a las gestiones del Jefe de Gobierno y debido a la relevancia de la Ciudad como la quinta más grande del mundo, todo lo anterior a la certeza jurídica que ha traído la nueva Ley de Movilidad; sin embargo; para lograr esos fondos internacionales aún hay muchas cosas por hacer.

Para lograrlo, es necesario se lleven a cabo varias acciones de manera urgente. La primera es crear un Consejo Técnico para realizar la propuesta para integrar el Órgano Regulador del Transporte Público de la Ciudad de México que marca la Ley de Movilidad.

Si bien es cierto que esta es una facultad de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la tiene que publicar el Gobierno del Distrito Federal, mi oficina legislativa asumirá la responsabilidad de sentar en una mesa a través de un consejo técnico en los siguientes meses, a todos los actores involucrados, tanto académicos como activistas, concesionarios de transporte público y prestadores de servicio para que juntos creemos una propuesta para que el Órgano Regulador de la Ciudad de México incluya todas las condicionantes que hoy la nueva Ley está prestando.

El Órgano Regulador del Transporte, establecido en el artículo 148 de la Ley de Movilidad, debe quedar establecido antes de marzo, mes en que el jefe de Gobierno se reúna nuevamente con los organismos internacionales que fondearán el proyecto.

Este Órgano Regulador que dependerá de la Semovi, tendría un titular propuesto por el jefe de Gobierno y de él dependerían todas las acciones para realizar la transición del microbús para darle el adiós en tres vertientes principales:

  1. Cambio del modelo de servicio: concesión a cambio de calidad.
  2. Funcionamiento de órgano administrativo; y
  3. Cambio de las unidades.

La Semovi, un elefante blanco

El órgano deberá estar creado para que los fondos que recibamos puedan ser ejecutados a través de este órgano y no en este elefante blanco que hoy conocemos como Secretaría de Movilidad que ni siquiera ha tenido el cambio administrativo que le está pidiendo la Ley.

Al mismo tiempo se tiene que crear el comité para la promoción para el financiamiento del transporte público, establecido en los artículos 29 y 30 de la nueva Ley de Movilidad, que se encargará de seguir buscando fondos como los que acaba de anunciar el Gobierno capitalino.

En un segundo tiempo, se deberán definir los mecanismos para las tarifas de la ciudad para lograr empatar precio y calidad y el manual de lineamientos. Después, se deberá integrar el Consejo Asesor de Movilidad para que dé seguimiento a estas acciones. Y por último hay que crear el Comité del Sistema Integrado del Transporte Público.

Es necesario reiterar que la confianza que hoy muestran los organismos internacionales para invertir en estos proyectos en la Ciudad de México, se debe a la gestión del Jefe de Gobierno y al marco regulatorio que entró en vigor con la nueva Ley de Movilidad, puesto que otorga certeza jurídica para invertir en transporte público sustentable con buenos resultados. Las reglas están puestas sobre la mesa, le toca a la SEMOVI hacer su parte.


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