Ante la alarmante cifra de más del 96% de impunidad en delitos en México, el centro de análisis México Evalúa ha presentado una propuesta integral para reformar las fiscalías del país y romper con el círculo vicioso que mantiene a estas instituciones ineficaces y a la ciudadanía desconfiada.
El diagnóstico es contundente: las fiscalías enfrentan deficiencias estructurales que afectan su capacidad para investigar y procesar delitos. Entre los principales problemas identificados se encuentran la politización en los procesos de designación de fiscales, la falta de políticas claras de persecución penal y la insuficiente asignación presupuestaria.
«La sobrecarga de trabajo en las fiscalías contribuye a la falta de atención adecuada a los casos, exacerbando la impunidad y la desconfianza en las instituciones», señala el documento. Esta situación se agrava por la escasa efectividad en la resolución de carpetas de investigación, donde únicamente el 3.7% de los casos llega a una conclusión efectiva.
Para abordar estos desafíos, México Evalúa propone una ruta de trabajo con seis medidas clave. La primera es garantizar la autonomía efectiva de las fiscalías mediante procesos transparentes y rigurosos de designación de sus titulares. «Un adecuado procedimiento de designación es el primer paso hacia la independencia de las fiscalías», subraya el informe.
En segundo lugar, se plantea desarrollar políticas de persecución penal basadas en evidencia. Esto implica priorizar la investigación de delitos según su impacto social y patrones criminales. A nivel federal, destaca la urgencia de expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, un instrumento pendiente desde 2022.
El fortalecimiento presupuestario aparece como la tercera medida prioritaria. El análisis muestra que el presupuesto asignado a las fiscalías ha tenido incrementos apenas marginales en años recientes, lo que refleja una falta de visión sistémica en la asignación de recursos públicos.
Las otras tres propuestas incluyen:
– Establecer modelos de gestión eficientes que optimicen el uso de recursos
– Implementar investigación coordinada de fenómenos criminales
– Otorgar atribuciones claras a las policías en la investigación delictiva
Particular atención merece la propuesta de homologar el procedimiento de designación de fiscales generales. Actualmente, existe una multiplicidad de procesos en los estados que no garantizan la idoneidad de los candidatos ni prevén salvaguardas adecuadas para su permanencia en el cargo.
El informe destaca que solo nueve estados inician el proceso con una convocatoria pública abierta, considerada el estándar internacional para asegurar transparencia y competencia en la selección. Además, la mayoría de los procedimientos carecen de evaluaciones objetivas basadas en méritos profesionales.
Otro aspecto crítico es la asignación presupuestaria. Según el análisis, la Constitución federal carece de una norma que garantice un piso mínimo de recursos para las fiscalías. Esta situación se repite en la mayoría de las constituciones estatales, dejando a estas instituciones vulnerables ante decisiones discrecionales en la distribución de recursos.
Entre las metas específicas propuestas se encuentra la presentación de iniciativas de reforma constitucional tanto a nivel federal como estatal para incorporar normas que garanticen una asignación presupuestaria fija, vinculada a un porcentaje del PIB o del presupuesto nacional.
El documento también enfatiza la necesidad de implementar un servicio profesional de carrera dentro de las fiscalías, así como garantizar condiciones salariales dignas para todo el personal involucrado en la procuración de justicia.
«El éxito de la mayoría de estas propuestas debe pasar por el trabajo y el debate legislativo tanto en el ámbito estatal como en el federal», señala el informe. En este sentido, los congresos locales y federal juegan un papel crucial en la transformación del sistema.
La propuesta llega en un momento crítico, cuando se anuncia una próxima reforma constitucional sobre fiscalías. Los expertos advierten que el modelo de autonomía constitucional de las fiscalías debe ser parte central de esta discusión, entendido como una garantía para la independencia en su actuación y no como un mecanismo de aislamiento institucional.
México Evalúa concluye que catalizar esta transformación requerirá grandes liderazgos y una decidida voluntad política capaz de posicionar este tema complejo en la agenda pública y alcanzar los consensos necesarios.
Los especialistas coinciden en que la implementación de estas medidas podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en México. Sin embargo, advierten que su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para superar intereses particulares y trabajar en favor del interés público.
La propuesta representa una hoja de ruta clara para construir fiscalías autónomas, tanto en la ley como en los hechos, orientadas a perseguir fenómenos delictivos de manera estratégica y con las herramientas adecuadas. Su implementación podría significar un avance sustancial hacia un sistema de justicia penal más justo y efectivo para todos los mexicanos.
El reto, sin duda, es mayúsculo. Pero como señala el informe, «la construcción de fiscalías efectivas y autónomas es fundamental para garantizar el acceso a una justicia efectiva en México». Un objetivo que requiere compromiso firme con la independencia institucional, la transparencia y la rendición de cuentas, además de una inversión significativa en recursos humanos y financieros.
Solo a través de una transformación integral de las fiscalías y con la construcción de capacidades para el desarrollo de investigaciones criminales, será posible avanzar hacia una justicia penal que verdaderamente responda a las necesidades de la sociedad mexicana.
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