En estos días se ha dicho que Joaquín El Chapo Guzmán se evadió del penal de El Altiplano para librar su extradición a Estados Unidos.
Es probable que esa explicación quepa más en la primera fuga del narcotraficante –la de 2001, del penal de Puente Grande– que en la segunda.
El jueves 18 de enero de 2001, la víspera de su primer escape, ocurrió un hecho singular: la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ese día que el artículo 4º del Código Penal Federal –“los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano (…) serán penados en la República”– no constituía una limitante a las facultades del Ejecutivo para autorizar la extradición de ciudadanos mexicanos.
Dicha sentencia abrió la puerta, en los hechos, a que la nacionalidad mexicana no fuese obstáculo para que procediera la extradición hacia otro país.
Su propósito fue resolver la contradicción de criterios con que diversos tribunales fallaron ante la apelación que presentaron varios extraditables, luego de que el gobierno federal revisó, en 1995, y por primera vez en 20 años, su política en la materia.
Puede ser una gran coincidencia que El Chapo se hubiese evadido de Puente Grande al día siguiente de la resolución de la Suprema Corte, aunque existen testimonios de cuánto temía el capo enfrentar esa posibilidad, una vez que se resolvieran los últimos procesos en su contra.
Lo cierto es que el Estado mexicano se propuso cambiar, a partir de 1995, lo que había sido una política absolutamente firme, expresada con claridad en la Ley de Extradición Internacional de 1975: los mexicanos serían juzgados en México.
Hasta entonces había regido, sin excepciones, lo que los abogados llaman el principio de subditanía, mediante el cual un Estado extiende su soberanía más allá de sus límites geográficos en razón de un súbdito. En este caso, un súbdito que hubiese cometido un delito en el extranjero.
Ningún par de países tiene una historia de relaciones jurídicas internacionales tan intensa como México y Estados Unidos.
La negativa terminante de México a entregar a sus ciudadanos a la justicia estadunidense, incluso, se reforzó en 1990, a raíz del secuestro en México de Humberto Álvarez Macháin, acusado allá de haber mantenido con vida al agente de la DEA, Enrique Camarena, mientras era torturado.
Por eso constituyó una verdadera sacudida la revisión de la política de extradición realizada, un lustro después, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, en cuyo sexenio se extraditó al extranjero a 12 narcotraficantes mexicanos.
No fue el caso de Juan García Ábrego, el líder histórico del cártel del Golfo, quien fue deportado a Estados Unidos en 1996 en razón de su doble nacionalidad, y cumple once cadenas perpetuas en la cárcel de máxima seguridad –esa sí– de Florence, Colorado, al sur de la ciudad de Denver.
La práctica continuó y se aceleró durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Solamente entre 2001 y 2003 fueron extraditados 72 mexicanos hacia EU.
Entre las personalidades del narcotráfico extraditadas durante los gobiernos panistas figuran Osiel Cárdenas Guillén, Francisco Rafael Arellano Félix y Vicente Zambada Niebla.
Se ha creado la impresión de que las extradiciones se detuvieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto pero no es así: entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, 120 ciudadanos mexicanos fueron extraditados.
Destaca el caso de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, enviado a EU en noviembre de 2014, siete años después de haber sido detenido.
Por su parte, El Chapo buscó evitar la extradición por medios judiciales, luego de su recaptura en 2014, aunque nunca quedó claro que EU pretendiera llevárselo.
Pese a que el entonces procurador Jesús Murillo Karam declaró en enero pasado que estaba en espera de que llegara la solicitud –aunque, una semana después, aclaró que lo entregaría en 300 o 400 años, cuando hubiese cumplido sus sentencias en México–, ésta nunca se presentó, según confirmó el lunes el vocero de la Casa Blanca.
Ese hecho es uno de los misterios del caso, que sólo Washington podrá aclarar.
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