Por: Diego Fernández de Cevallos
No es exagerado calificar de trágico para la democracia mexicana el escándalo en la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
Tal vez los jóvenes no adviertan la gravedad de lo sucedido, pero los mayores no olvidamos el largo y doloroso camino de México para darse instituciones democráticas en materia electoral y superar el oprobio que vivió a lo largo de su historia en las disputas por el poder político.
Ese máximo tribunal ha sobrevivido a diversas de sus resoluciones cuestionables, a reclamos de los justiciables inconformes con sus sentencias y al asedio permanente (arbitrario y perverso) de Tartufo y secuaces. Lo que le costará superar es la explosión provocada en su interior por sus propios integrantes.
El ahora destituido presidente de la Sala Superior no cumplió —por el motivo que fuere— con su función básica de conciliar las naturales diferencias internas, no logró acuerdos entre sus pares y decidió —según su personal punto de vista— optar por las facultades legales y reglamentarias propias de su cargo, con decisiones y expresiones que resultaron inadmisibles e insoportables para la mayoría de consejeros.
Los inconformes cerraron filas y tomaron la vía más rápida: hacer lo que les vino en gana, sin sustento constitucional ni legal y sin dolerse por la estocada que asestaban al Tribunal que ellos integran.
En sesión ordinaria, y sin estar en la agenda del día, pidieron a su presidente la renuncia al cargo. Al no lograrlo, cinco de los siete lo defenestraron y nombraron a quien lo sustituirá en la presidencia del (nada más y nada menos) órgano máximo de constitucionalidad y legalidad para la justicia electoral en México.
La mayoría arguye que el órgano es autónomo, pero eso no los coloca encima de la ley. Alega que sus resoluciones son definitivas e inatacables; pero eso vale siempre que se trate de materia jurisdiccional, no de cuestiones administrativas internas; pues afirmar lo contrario les permitiría decidir cualquier día expulsar de la Sala a una minoría disidente, lo que resultaría abominable.
Que “quien puede lo más puede lo menos”, y si lo pusieron pueden quitarlo, es también una falacia, pues los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que expresamente les permite u obliga la ley.
Que no fue albazo, porque la sesión fue pública y de día, también es falso, pues si esa decisión no estaba en la agenda de esa fecha, fue sorpresiva y no tiene fundamento legal, lo claro del día y su publicidad no le quitan la calidad de madruguete arbitrario.
Ese tribunal es hoy disfuncional, perdió la confianza ciudadana y es un rico manjar para Tartufo, que ya lo tenía en capilla y que tratará de hacer con él lo que quiera, apoyado en su mayoría de legisladores abyectos.
Si los magistrados no entran en razón y lo dignifican, perderá México.
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