Encontrar a los desaparecidos

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La hermana Consuelo Morales, fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) recibió ayer el Premio Nacional de Derechos Humanos. Se premió su destacada labor a favor de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León. El paso de los años y el número que, por miles, se acumula no puede seguir siendo como el paisaje. Se puede y debe encontrar a los desaparecidos, es el mensaje principal.

Es indispensable que la experiencia vivida en Nuevo León sea entendida, valorada y, sobre todo, replicada a nivel nacional.

La hermana Consuelo, su organización, las familias organizadas, asesorías especializadas y la actuación del anterior procurador, Adrián de la Garza, lograron entender las claves del fenómeno, su naturaleza y las pautas de actuación de los diferentes actores. El impulso dado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de Javier Sicilia, resultó fundamental para detonar el trabajo de organizaciones y familias en todo el país y especialmente en Nuevo León con esta experiencia.

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Identificaron, por ejemplo, que la relación del fenómeno de la tortura policiaca en Nuevo León y el fenómeno de las desapariciones tenían un punto de conexión. Identificaron que la Policía había sido penetrada y que agentes del Estado eran parte activa en los casos de desapariciones. Entendieron, también, que la acción inmediata frente a una desaparición resulta crucial.

Crearon, hace menos de dos años, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) con el que han logrado niveles de eficacia muy altos. En el periodo marzo 2014-marzo 2015, se reportaron mil 602 personas desaparecidas, de las cuales encontraron a mil 407. De ese número, mil 359 fueron encontradas con vida. Señalan un 88% de efectividad en el primer caso y 97% en el segundo. Es de destacar el estrujante dato de que el mayor número de desapariciones (746 personas) corresponde al rango de edad “mayores de 12 y menores de 18 años”.

El protocolo de actuación que desarrollaron y el establecimiento de un equipo especializado cuya única tarea es, precisamente, la búsqueda de personas, han arrojado notables resultados. En casi el 90% de las denuncias presentadas y atendidas en este contexto, se logró conocer el paradero de las personas dentro de las primeras 72 horas. La inmediatez en la actuación marca una diferencia profunda.

Ayer, en el marco de la entrega del Premio, Enrique Peña Nieto anunció la firma de las Iniciativas de Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas y para la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. México llega tardísimo a estos instrumentos si nos atenemos al número de casos acumulados. Sin embargo, no puede soslayarse la importancia de que se instrumenten medidas en este sentido.

Habremos de seguir lo que digan los expertos sobre sus contenidos. Importa, por lo pronto, que se coloque como primer eje la creación del Sistema Nacional de Búsqueda, que se anuncie la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizables; la del Registro Nacional Forense y la de un Consejo Ciudadano para asesorar y emitir opiniones sobre el Sistema Nacional de Búsqueda. Por increíble que parezca, México carece de todo lo anterior y esa es parte de la tragedia.

Peña Nieto dijo que ambos proyectos de ley fueron producto de la consulta y que participaron especialistas, legisladores, organizaciones y representantes de víctimas para su elaboración y que fueron enriquecidas por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esperemos que esto sea la antesala para enfrentar, verdaderamente, el tema de las desapariciones y la tortura. Ya no hay más tiempo. La crisis mexicana en esta materia es ya insostenible.

Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, escribió que, en alguna ocasión, la madre de una persona desaparecida le pidió que transmitiera una pregunta a todas las autoridades: “Si su hijo hubiese desaparecido, ¿qué haría usted?”. “En esa pregunta –coincido con Dulitzky– no sólo se resume el calvario que sufren las familias sino que sintetiza el llamado a la adopción de políticas públicas eficaces y eficientes para asegurar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la memoria”.


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