Si se considera la cifra negra de delitos, la impunidad -delito sin castigo- sube a 99%, es decir, menos de 1% de los delitos son castigados.
La impunidad es un problema generalizado en México, un país en donde sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados, arrojó el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Presentado en Puebla, el documento exhibe que el Estado mexicano, en su conjunto, es responsable de los altos niveles de impunidad. Este fenómeno es un problema de gobernanza, es decir, ha rebasado a todas las instancias de gobierno, por lo que requiere la atención y participación urgente de otros actores, como la sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y organizaciones internacionales.
Los mexicanos dicen que las dos principales razones por las que no denuncian son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad.
Esta herramienta se construyó a partir del modelo teórico sobre impunidad y la metodología cuantitativa del Índice Global de Impunidad 2015 (IGI).
El pasado 20 de abril del 2015, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij), presentó el IGI 2015, trabajo desarrollado por investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, con el acompañamiento de académicos de las principales universidades de México y especialistas, así como con la participación de estudiantes del Programa de Honores y becarios de la institución poblana.
Es así que el IGI- MEX es resultado del análisis cuantitativo de los datos oficiales que reportan las instituciones de seguridad y justicia de las entidades federativas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las estadísticas exhiben que del total de delitos consumados, solamente existe 4.46% de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento.
Los delitos consumados en perspectiva con la cifra negra (delitos que no fueron denunciados por los ciudadanos) arrojarían que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes de 99% en México. Es decir, menos de 1% de los delitos en el país son castigados.
Los resultados arrojan que existen cuatro grupos por niveles de impunidad en el país y la mayoría de las entidades federativasse agrupan en niveles altos y muy altos de impunidad.
La media nacional es muy alta y se ubica en 67.42, prácticamente en el último tercio de la escala del IGI-MEX y sólo 10 entidades tienen un índice de impunidad por debajo del promedio nacional.
Los números del IGI- MEX arrojan que México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad que mide el IGI y esta situación es uno de los 10 principales problemas que aquejan a la sociedad nacional, según encuestas.
El equipo de investigadores expone que la impunidad es multicausal, porque encuentra sus orígenes durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que éste es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado.
A su vez, este fenómeno mantiene correlación estadística con los niveles de corrupción y desigualdad socioeconómica. Surge a partir del mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos, en el ámbito nacional y local de los países.
Este índice es compuesto —incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia— y complejo, porque es un modelo econométrico de 19 variables.
El equipo de la Udlap encontró que la delincuencia organizada y la impunidad también tienen relación. En seis estados (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango), en los que pidieron apoyo de la Federación para combatir a la delincuencia organizada y en los que desde el 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta.
Los otros dos estados —Sinaloa y Chihuahua— presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.
El trabajo concluye que la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Es por ello que, entre otros factores, se requiere implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad en el ámbito local, así como mecanismos de evaluación más efectivos.
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