La desclasificación ordenada por Donald Trump en enero de 2025 ha generado un renovado interés en el asesinato de John F. Kennedy, aunque las revelaciones hasta ahora no han alterado sustancialmente la narrativa oficial. Los documentos liberados incluyen miles de páginas previamente clasificadas, pero muchas de ellas ya habían sido parcialmente divulgadas en años anteriores. La orden de Trump abarca no solo los archivos relacionados con JFK, sino también los de Robert F. Kennedy y Martin Luther King Jr., con el objetivo declarado de ofrecer transparencia al pueblo estadounidense.
Los archivos desclasificados confirman detalles conocidos: Lee Harvey Oswald, un exmarine de 24 años, fue identificado como el tirador solitario desde el sexto piso del Depósito de Libros Escolares de Texas. Documentos de la CIA y el FBI revelan que Oswald fue monitoreado durante su viaje a México en septiembre de 1963, donde se reunió con oficiales soviéticos y cubanos. Esto ha alimentado teorías sobre posibles conexiones internacionales, aunque no se ha encontrado evidencia concluyente de una conspiración directa. Un memorando menciona una llamada interceptada en Ciudad de México que vincula a Oswald con un oficial de la KGB, pero no establece complicidad soviética en el asesinato.
Por otro lado, los documentos no han resuelto las dudas persistentes sobre la participación de actores adicionales. La Comisión Warren, en 1964, concluyó que Oswald actuó solo, pero las teorías de conspiración han señalado a la CIA, la mafia o incluso al gobierno cubano como posibles involucrados. Los archivos recientes no descartan estas hipótesis, pero tampoco las confirman. Expertos como Gerald Posner, quien ha estudiado el caso extensamente, sostienen que no hay pruebas irrefutables de una conspiración más allá de Oswald. Sin embargo, figuras como Robert F. Kennedy Jr. han expresado escepticismo, sugiriendo que la CIA pudo haber tenido un rol encubierto, aunque sin aportar evidencia directa.
Un punto destacado es que la desclasificación no ha sido inmediata ni completa. Trump ordenó un plan para publicar los documentos en un plazo de 15 días para JFK y 45 días para los otros asesinatos, pero la implementación depende de la coordinación entre el director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Justicia. Esto ha generado críticas sobre posibles retrasos o censura parcial por motivos de seguridad nacional, como ocurrió en desclasificaciones previas bajo administraciones pasadas.
En términos de impacto, los documentos han aportado contexto histórico sobre la Guerra Fría, pero no han cambiado el entendimiento fundamental del caso. La mayoría de los expertos coinciden en que, aunque los detalles adicionales son valiosos para los investigadores, es poco probable que emerga una «revelación bomba» que reescriba la historia. Mientras tanto, el debate público sigue dividido entre quienes aceptan la versión oficial y quienes insisten en que hay más por descubrir.
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