Por: Carlos Ramírez
La crisis de seguridad en Quintana Roo no debiera sorprendernos. Se trata de un proceso paulatino e inevitable de los últimos 20 años, sin que las autoridades tomar cartas en el asunto. Los últimos actos de violencia solo reconfirman el proceso de deterioro de la clase política local, la ausencia de una sociedad histórica en un estado que nació como entidad libre y soberana apenas en 1974 y la falta de tejidos sociales por su condición de zona turística con alta inversión extranjera y contratación de mano de obra externa.
Desde 1993 se han elegido gobernantes en función de cacicazgos políticos locales; el PRI tomó el control de la entidad en 1974 y nunca pudo organizar a la sociedad ni contribuir a los tejidos sociales y políticos. Hoy, ante el umbral del relevo del poder ejecutivo local, las opciones partidistas de nueva cuenta ignoran la dimensión de las diferentes crisis en la entidad, se privilegian militancias partidistas e inclusive se promueven candidaturas basadas en la popularidad mediática con personajes señalados o denunciados como parte de actividades delictivas.
Pero no se trata solo de Quintana Roo. En los hechos reales 25 de las 32 entidades de la república –78%– tienen presencia activa, creciente y violenta de bandas del crimen organizado, y en las siete restantes existen ya fermentos de presencia delictiva y comienzan a ser parte de la violencia en la disputa por el control territorial y político entre bandas criminales.
Los Estados con focos rojos en materia de seguridad por expansión del narcotráfico son, hasta ahora, una docena: Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero. En todos ellos ha aumentado la presencia de la Guardia Nacional, pero con mandatos solo de disuasión presencial y nada que tenga que ver con acciones operativas en contra de las bandas.
La violencia criminal y los homicidios dolosos se encuentran en una etapa que revela la guerra entre cárteles y bandas por el control territorial y la captura de estructuras políticas locales, aunque con pocas bajas colaterales. Esta narcoguerra entre cárteles no parece encontrar decisiones operativas en las autoridades de seguridad, aunque las disputas sean más importantes por el control territorial y político y no por el número de homicidios dolosos.
La lucha delictiva por el control territorial de la república se está dando, hasta ahora, entre dos grandes formaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa; los mandos máximos de cada grupo se encuentran encarcelados en Estados Unidos –el Chapo Guzmán y su esposa– o a salto de mata –Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho–, aunque sus estructuras criminales se siguen fortaleciendo como poder armado criminal a partir de los beneficios económicos del tráfico de drogas.
México y Estados Unidos han estado combatiendo el narcotráfico en la fase de trasiego, pero no en las estructuras de organización operativa y financiera de los grupos delictivos; el Chapo y su esposa, por ejemplo, están encarcelados en EU, pero su estructura continúa en etapa de expansión violenta a través de los mandos existentes en la figura de sus hijos y del albacea Ismael El Mayo Zambada. y los mandos intermedios en el CJNG son poco conocidos y responden con mayor intensidad a escalafones de violencia y no a designaciones por relaciones familiares o de compadrazgo.
El problema de las estrategias de seguridad de México y Estados Unidos radica en su funcionalidad operativa de intercepción intermitente de tráfico, pero poco o nada han hecho en el desmantelamiento integral de las estructuras de poder de los cárteles. como ocurre con la persecución contra funcionarios señalados por complicidad criminal, como es el caso del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, Genaro García Luna, sin que se hayan limpiado los cuerpos policiacos de los cuadros que participaron en las presuntas complicidades criminales de sus jefes.
Aquí se ha insistido en el hecho concreto de que el gobierno de Estados Unidos trajo a juicio en su espacio judicial a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por acusaciones de asesinatos e ingreso clandestino de droga, pero nada ha hecho para intentar desmantelar la creciente célula criminal del Cártel de Sinaloa que opera con muchas libertades dentro de Estados Unidos, recibiendo la droga proveniente de México, distribuyéndola en todo el territorio estadounidense y vendiendo paquetes al menudeo en las calles americanas.
En el caso mexicano, la actividad delictiva de los cárteles ha ido aumentando su presencia operativa en importantes ciudades de toda la república, con apenas el arresto y sentencia de algún capo destacado, también sin desmantelar las estructuras criminales.
La crisis de Quintana Roo fue otra llamada de atención a las autoridades para obligar a una fase operativa mayor de la estrategia de seguridad que impida la expansión y consolidación de bandas criminales en las estructuras económicas, políticas y sociales de la república.
Zona Zero
· Una de las argumentaciones que ha resistido todo tipo de objeciones es la que señala que el crimen organizado y las diferentes bandas delictivas no pueden nacer, expandirse y fortalecerse sin el apoyo de las estructuras institucionales de los tres niveles de gobierno. García Luna fue arrestado en Estados Unidos y el operativo de captura del Chapo estuvo controlado por la DEA. En gobiernos anteriores, importantes funcionarios fueron arrestados por complicidades con los delincuentes, pero en la actual estrategia de seguridad esas decisiones no han sido prioritarias. Y lo grave se encuentra en la complicidad de la sociedad con la fase de expansión de las bandas criminales y la ausencia de rasgos locales que construyen tejidos sociales y políticos de resistencia a la criminalidad
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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