El Observatorio Electoral Judicial revela que, a pesar de las prohibiciones legales, candidatos a cargos judiciales utilizaron publicidad pagada en redes sociales y encuestas sesgadas para posicionarse entre los votantes. Esta práctica distorsiona la equidad electoral y pone en riesgo la imparcialidad del proceso.
En los días previos a la elección judicial federal de 2025, el Observatorio Electoral Judicial (OEJ) presentó su décimo tercer informe, un análisis detallado sobre el uso indebido de redes sociales y encuestas de intención de voto durante las campañas de los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federación.
Según el documento, a pesar de que la normativa prohíbe expresamente que las candidaturas contraten publicidad en medios tradicionales o digitales, se han detectado múltiples casos de anuncios pagados en plataformas como Facebook, orientados a amplificar el alcance de ciertos perfiles judiciales. Estos anuncios, difundidos por páginas ficticias o perfiles encubiertos, habrían alcanzado audiencias de millones de personas, lo que evidencia una posible violación a las reglas de equidad establecidas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La investigación del OEJ cubrió el periodo comprendido entre el 21 de marzo y el 12 de mayo de 2025, y encontró que algunas candidaturas lograron una exposición significativamente mayor gracias a estos mecanismos ilegales. Si bien no se puede atribuir directamente a las campañas la autoría de dichos anuncios, el informe señala que detrás de ellos parece operar un esquema organizado con perfiles falsos que actúan como extensiones de las estrategias electorales.
Esta situación genera una distorsión en la competencia, ya que permite que candidaturas con mayores recursos económicos –propios o ajenos– aumenten su visibilidad frente a otras que respetan las normas y dependen únicamente de sus redes sociales oficiales sin promoción pagada. En un contexto donde más del 90% de la población revisa diariamente redes sociales, este tipo de prácticas tiene un impacto determinante en la percepción pública.
Además del uso irregular de redes sociales, el informe también destaca irregularidades en la difusión de encuestas de intención de voto. Según el INE, cualquier sondeo debe ser respaldado por un estudio metodológico completo y registrado ante la autoridad. Sin embargo, el OEJ identificó que varias casas encuestadoras han difundido resultados sin cumplir con estos requisitos, inclinándose claramente hacia ciertas candidaturas.
Entre los hallazgos más llamativos está el caso de una encuesta que posicionaba a un candidato como líder indiscutible, pero sin mencionar siquiera la metodología utilizada, lo cual sugiere que su principal propósito era servir como herramienta de propaganda. Asimismo, se ha observado que algunos medios y figuras influyentes replican sistemáticamente estos contenidos sin contrastar su veracidad.
Para el Observatorio, estas prácticas ponen en riesgo la integridad democrática del proceso electoral y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas al INE, entre ellas la creación de sistemas más rigurosos de verificación, el monitoreo activo de redes sociales y la aplicación ejemplar de sanciones contra quienes violen las normas.
El informe concluye advirtiendo que, si no se toman medidas contundentes, este tipo de comportamientos podría repetirse en el próximo proceso electoral ordinario de 2027, en el que coexistirán elecciones políticas y judiciales. El mensaje es claro: la equidad en la contienda no solo debe garantizarse en los discursos, sino también en la práctica digital.
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