- La elección judicial del 2 de junio de 2025 se perfila como un proceso complejo, con una participación ciudadana baja, boletas extensas y cargadas de opciones, y una campaña electoral que ha generado poco interés en redes sociales. Además, el reporte de Integralia señala riesgos como la compra de votos, candidaturas únicas y observadores electorales sospechosos.
El próximo 2 de junio, México enfrentará una jornada histórica: la primera elección popular para seleccionar a magistrados y jueces federales y locales. De acuerdo con el Octavo Reporte Judicial de Integralia, presentado antes de la jornada electoral, este proceso está marcado por una serie de desafíos que ponen en duda su transparencia y efectividad democrática.
Uno de los hallazgos más destacados es la complejidad de las boletas, que contendrán múltiples opciones de voto. En promedio, cada votante deberá elegir entre 51 cargos y 293 candidaturas, lo cual puede derivar en errores o incluso en votos nulos. Este nivel de dificultad contrasta con la baja conciencia sobre los nombres de los aspirantes: pese a que el conocimiento sobre la fecha de la elección subió al 54%, muy pocos ciudadanos reconocen a los candidatos.
Otro punto crítico es la baja participación ciudadana anticipada, lo que sumado a la ausencia de funcionarios de casilla y a una reducción de recursos del INE, podría generar retrasos significativos en el conteo de votos. Según el reporte, los cómputos podrían durar hasta 10 días y realizarse lejos del escrutinio público, lo que enciende alertas sobre la percepción de legitimidad del resultado final.
Las campañas políticas han tenido un impacto mínimo, tanto en redes sociales como en la opinión pública. La exposición digital de las y los candidatos ha sido mínima, exceptuando algunos casos notables como Andrea Chávez y Gerardo Fernández Noroña, cuya presencia mediática destaca por encima del resto. Sin embargo, incluso estas figuras no logran revertir el desinterés generalizado de la población.
Un tema preocupante es la existencia de candidaturas únicas en varios distritos. Al menos 51 cargos a nivel federal se disputan sin competencia real, lo cual se debe tanto a la distribución geográfica impuesta por el INE como a la aplicación de criterios de paridad de género. A nivel local, Durango es un caso extremo: se registró una planilla única con 49 candidaturas para los 49 cargos disponibles, lo que convierte la elección en una mera formalidad.
Además, el reporte documenta un aumento exponencial en las solicitudes de observadores electorales: un incremento del 807.4% respecto a 2024. Si bien muchas de estas solicitudes fueron rechazadas por incumplir requisitos legales (como ser militantes de partidos o servidores públicos vinculados a programas sociales), su número elevado plantea dudas sobre posibles intentos de manipulación o vigilancia irregular del proceso.
En cuanto al perfil de los votantes, el reporte sugiere que la mayoría acudirá a las urnas por presión social o económica, más que por interés genuino. Esto refuerza el temor a prácticas como la compra del voto, especialmente en contextos donde hay alta movilización electoral pero poca información sobre los perfiles de los candidatos.
Pese a estos retos, el reporte también menciona un sentimiento mayoritariamente positivo hacia la idea de elegir jueces mediante el voto popular. Para muchos ciudadanos, esta reforma representa un paso hacia una justicia más cercana y transparente. No obstante, esa expectativa coexiste con la percepción de que el proceso carece de claridad y equidad.
Finalmente, el reporte resalta la importancia de monitorear los días posteriores a la elección, ya que será crucial que el INE y el TEPJF garanticen la publicación rápida y clara de resultados preliminares, así como la entrega puntual de constancias de mayoría.
La elección judicial del 2 de junio será un experimento democrático sin precedentes en México. Pero, como todo experimento, sus resultados dependerán tanto del diseño como de su implementación. Y por ahora, los riesgos parecen superar las garantías.
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