Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018, una de sus promesas más resonantes fue poner fin a las prácticas de espionaje político que habían marcado administraciones anteriores. Criticó el uso del software Pegasus, un programa de vigilancia desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se utilizó para espiar a periodistas, activistas y opositores, según revelaciones periodísticas y de organizaciones como Citizen Lab. Sin embargo, múltiples reportes han documentado que, lejos de desaparecer, el uso de Pegasus continuó durante su sexenio, generando cuestionamientos sobre la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el control civil sobre las instituciones de seguridad en México.
Pegasus es un software de ciberespionaje que permite infiltrarse en dispositivos móviles sin dejar rastro, accediendo a mensajes, correos, fotos, ubicaciones e incluso activando micrófonos y cámaras. Su uso está restringido a gobiernos y agencias de seguridad, lo que lo convierte en una herramienta de alto riesgo en contextos de poca rendición de cuentas. En México, el escándalo de Pegasus estalló en 2017, cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto lo empleó contra al menos 26 personas, incluyendo periodistas como Carmen Aristegui y defensores de derechos humanos. La indignación pública llevó a López Obrador a comprometerse a no usar esta tecnología, afirmando en 2019: “No espiamos a nadie. Eso se acabó”.
No obstante, investigaciones posteriores han revelado un panorama diferente. En octubre de 2022, un informe conjunto de Citizen Lab, Article 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) confirmó que entre 2019 y 2021, al menos tres personas –dos periodistas y un defensor de derechos humanos– fueron infectadas con Pegasus. Los casos incluyeron a Raymundo Ramos, quien documentaba abusos militares en Nuevo Laredo, y a Ricardo Raphael, periodista conocido por sus investigaciones sobre corrupción. Un tercer caso involucró a un reportero de Animal Político, cuya identidad se mantuvo anónima. Estas infecciones ocurrieron mediante ataques “cero clics”, que no requieren interacción del usuario, lo que demuestra la sofisticación del espionaje.
En abril de 2023, The New York Times y Aristegui Noticias reportaron que el uso de Pegasus se extendió hasta finales de 2022, afectando a activistas como Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, una organización que ha investigado abusos del ejército mexicano. Más alarmante aún, se descubrió que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y aliado cercano de López Obrador, fue espiado mientras investigaba casos sensibles como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Este caso, confirmado por Citizen Lab, marcó un punto de inflexión, al revelar que ni siquiera figuras clave del propio gobierno estaban a salvo de la vigilancia.
Los indicios apuntan al ejército mexicano como el principal operador de Pegasus durante este periodo. Documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya en 2022 mostraron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó cotizaciones para programas de vigilancia en 2020, 2021 y 2022, incluyendo servicios vinculados a Pegasus. Además, reportes de prensa han señalado que el ejército es el único cliente de NSO Group en México con acceso activo al software, a diferencia de la Fiscalía General o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que habrían dejado de usarlo. La Sedena, sin embargo, no ha respondido a estas acusaciones, y el gobierno de López Obrador ha mantenido un discurso ambiguo, negando el espionaje pero sin esclarecer los hallazgos.
La magnitud del problema se intensificó con revelaciones recientes. En abril de 2025, publicaciones en redes sociales y medios como Pájaropolítico citaron documentos judiciales que indican que entre abril y mayo de 2019, al menos 456 personas fueron blanco de Pegasus, incluyendo periodistas, activistas y funcionarios. Aunque estas cifras no han sido verificadas de manera independiente, reflejan una vigilancia más amplia de lo que se había documentado previamente. Este dato contrasta con las declaraciones del presidente, quien en mayo de 2023, tras el caso Encinas, insistió: “No hay intención de espiar a nadie”, minimizando los reportes y descartando investigaciones al respecto.
El uso continuado de Pegasus plantea varias preguntas críticas. Primero, ¿quién autorizó estas operaciones? López Obrador ha delegado responsabilidades sin precedentes en el ejército, desde la construcción de infraestructura hasta la seguridad pública, lo que ha fortalecido su autonomía. Analistas como José Miguel Vivanco, exdirector para América Latina de Human Rights Watch, han advertido que estas revelaciones sugieren que las fuerzas armadas podrían estar actuando sin control civil, un escenario preocupante para la democracia mexicana. Segundo, ¿por qué se espió a aliados del presidente como Encinas? Esto podría indicar conflictos internos o una vigilancia indiscriminada que trasciende lealtades políticas.
El impacto en la sociedad mexicana es innegable. Periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado un “efecto inhibidor”, donde la amenaza de ser vigilados limita su trabajo. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para la prensa, con al menos 55 periodistas asesinados desde 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El espionaje agrava esta vulnerabilidad, al exponer fuentes y estrategias de investigación. Además, la falta de regulación efectiva sobre el uso de herramientas de vigilancia perpetúa la impunidad. Aunque en 2021 se arrestó a un empresario vinculado a Pegasus, Juan Carlos García Rivera, acusado de espiar a un periodista, no ha habido avances significativos contra los responsables de alto nivel.
El gobierno de López Obrador ha respondido a estas acusaciones con evasivas. En octubre de 2022, la Fiscalía General anunció una investigación sobre la compra de Pegasus bajo administraciones previas, pero no ha abordado su uso durante el sexenio actual. El presidente ha preferido culpar a “adversarios” de generar escándalos, sin ofrecer claridad sobre los contratos de Sedena o las medidas para prevenir futuros abusos. Esta postura contrasta con su narrativa de transformación y lucha contra la corrupción, alimentando críticas de hipocresía.
A nivel internacional, el caso mexicano ha reavivado el debate sobre la ética de la ciberseguridad. NSO Group ha afirmado que investiga denuncias de abuso y que solo vende Pegasus a gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo. Sin embargo, su falta de transparencia sobre los contratos en México y la incapacidad para prevenir usos indebidos han llevado a sanciones, como la inclusión de NSO en la lista negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos en 2021.
Mientras México se prepara para la elección de 2025, el uso de Pegasus sigue siendo una sombra sobre el legado de López Obrador. La promesa de un gobierno que no espía a sus ciudadanos no solo quedó incumplida, sino que los hallazgos sugieren una vigilancia más sofisticada y extendida de lo que se imaginaba. Para restaurar la confianza, el próximo gobierno deberá priorizar la regulación estricta de herramientas de espionaje, garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas armadas y proteger a quienes arriesgan su vida por la verdad. Sin estas medidas, el espectro de Pegasus seguirá amenazando los cimientos de la democracia mexicana.
Fuentes: Informes de Citizen Lab, The New York Times, Aristegui Noticias, Article 19, R3D, y publicaciones en redes sociales citadas por medios como Pájaropolítico.
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