Las tras derrota de Flavio Bolsonaro en Brasil y del Partido Republicano en los Estados Unidos, la derecha en el continente acaba de recibir uno de sus peores descalabros, con la prisión domiciliaria dictada al ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, como responsable del colapso financiero de Ueno Bank, dejando comprometidos los depósitos, inversiones y jubilaciones de tres millones de habitantes –casi la mitad de la población–, que por el momento se han quedado sin poder acceder a sus cuentas.
El Banco Central de ese país congeló unos 850 millones de dólares en lo que aparece como una maquinada quiebra bancaria iniciada desde que Peña asumió la presidencia en agosto del 2023; el ex mandatario, sin pudor alguno, apareció en 2019 como cuarto socio de Credicentro Saeca, firma de créditos personales y corporativos, que más tarde se transformó en Ueno Holding, donde era cabeza del consorcio el empresario, Federico Miguel Vázquez Villasanti.
De acuerdo a informaciones sacadas a la luz tras el cuantioso fraude, en julio del 2022, la participación accionaria del ahora acusado creció en un 400 por ciento. Y una vez que asumió el poder como presidente del Paraguay, en agosto del 2023, lejos de separarse como boyante inversor de Ueno, decidió echarse a los brazos del más abierto conflicto de intereses y colocar al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, último presidente de Ueno Holding.
Pero el tráfico de influencias del derechista –emergido como la inmensa mayoría de los políticos y ex presidentes paraguayos, desde 1947, del Partido Colorado–, apenas comenzaba pues un mes después de asumir el poder, entregó a Ueno, 202 millones de pesos en fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de la atención de temas como las pensiones. Y para iniciar el saqueo de los ahorros de la población y de los recursos públicos, Carvallo autorizó desde el Banco Central el inicio de operaciones de Ueno como Banco.
El fraude incluyó además la luz verde a Ueno para adquirir un banco con una cartera vencida e incobrable por 300 millones de dólares, sin dejar de mencionar los cambios en el reglamento de inversiones del IPS autorizándole depósitos en entidades de baja calidad crediticia; de hecho, cuando se llegó al tope del 10 por ciento del capital del IPS para ser colocado en un sola entidad financiera, el ex presidente ordenó que otros organismos del Estado le inyectaran liquidez como una maniobra para retrasar su quiebra.
Al momento del colapso, alrededor de unos 15 mil millones de pesos mexicanos, colocados en Ueno por el gobierno paraguayo, quedaron en el limbo de la quiebra sin aparente posibilidad de recuperación. De tal monto, dos terceras partes correspondían al Instituto de Previsión Social.
A pesar de haber varios detenidos, los autores intelectuales de la perversa estafa saben que legalmente el gobierno difícilmente podrá saber a ciencia cierta donde quedó el dinero desviado, pues Ueno se encuentra registrado en Luxemburgo, jurisdicción ubicada como uno de los más inexpugnables paraísos fiscales en el mundo.
Al final, los derechistas que han controlado el poder durante décadas, deberán optar por un mecanismo de rescate bancario, muy parecido al Fobaproa que en el sexenio de Ernesto Zedillo convirtió la deuda de los banqueros en deuda pública, con el pretexto de salvar a los ahorradores que, en el caso de los ciudadanos del Paraguay, solo podrán recuperar como máximo el equivalente a unos 40 mil dólares; es decir, unos 800 mil pesos.
La respuesta “solidaria” a tres millones de habitantes que ahora ven peligrar no solo sus ahorros, sino sus pensiones y que, al menos, tendrán el consuelo de ver en la cárcel a sus defraudadores, situación que en México nunca ocurrió con los culpables de que generaciones de mexicanos hayan pagado 2 billones de intereses del Fobaproa y sigan debiendo un billón más. A 31 años de su fechoría, Zedillo y sus cómplices siguen impunes.
