Por: Salvador I. Reding Vidaña
Ricardo Anaya de nuevo ha sido acusado de delitos no cometidos, utilizando burdas pruebas insostenibles, como quedó demostrado en la persecución que sufrió en 2018, y que se espera vuelva a demostrarse en esta ocasión su inocencia. La evidente intención es anularlo políticamente.
Conociendo las acusaciones, Ricardo señaló al presidente como autor de una nueva persecución política. Andrés Manuel ha dicho que Anaya no debe ni ampararse ni huir del país, pues “el que nada debe, nada teme” y también que él, o ellos, los de Morena, no son vengativos, que no lo están persiguiendo. Pero los hechos y un poco de reflexión llegan a conclusiones contrarias: él y su gente morenista, son vengativos y sí es persecución política contra su “adversario”. También declaró el presidente que hay políticos presos, pero no presos políticos. Nueva mentira.
La historia de la política deshonesta, corrupta, en México y en el mundo, está llena de casos de presos políticos. Son personas perseguidas en base a delitos inventados, en torcer el sentido e interpretación de la legislación penal, y hasta de encarcelamientos sin ninguna acusación ni orden de aprehensión. Es fácil integrar un expediente con pruebas falsas, encarcelar a alguien durante el tiempo necesario (políticamente), aniquilarlo en su prestigio y hasta dejarlo económicamente en la calle.
Hay, por supuesto, también reclamaciones infundadas y hasta descaradas de presos políticos, cuando en movimientos sociales algunas personas han cometido públicamente delitos tipificados, como ataques a personas y a propiedades, y estando en la cárcel, sus compañeros y seguidores reclaman que los dejen en libertad pues se trata de presos políticos. Pero no, son delincuentes sujetos a proceso, en general detenidos en flagrancia, aun aplicando el principio de la presunción de inocencia. Pero para nada es caso de Anaya.
El asunto de Ricardo Anaya es claro. En 2018 lo acusaron para debilitar su campaña a la presidencia, pero no pudieron, y si perdió la elección fue sólo en parte por ese proceso de desprestigio, pero también por otras razones. Ahora Anaya acusa al presidente de querer evitar que participe en la elección presidencial de 2024.
Ricardo hace bien en ponerse fuera del alcance de la FGR, y de autoridades judiciales, pues bien puede ser privado de la libertad al complicarle tanto la vida que su defensa no alcance a mantenerlo libre, y tras un suficientemente largo plazo dejarlo arruinado, política y personalmente, que salga a la calle y se vaya a su casa.
En 2018, mi impresión fue que Ricardo, a pesar de ser doctor en Derecho, hizo una pésima defensa suya, sobre todo en medios (que de eso se trataba, se estaba en campañas) y esperando que en esta ocasión sus abogados hagan un excelente y rápido trabajo. No comparto mucho de las actividades políticas de Ricardo, pero sí, como muchas otras personas, me solidarizo con él ante la burda persecución del presidente.
La petición de Andrés Manuel de que Anaya no se ampare y se defienda es inaceptable, que se defienda con la verdad, pero lamentablemente eso no es ni sencillo ni rápido ante una confabulación en su contra (o de quien sea). La maquinaria morenista de complicidades ya vistas y evidentes, entre la FGR y la presidencia, son suficiente razón para no ponerse “de pechito”.
Hace unos años, los enemigos del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, de Guadalajara, intentaron meterlo a la cárcel por delitos que nunca cometió, y que sólo eran imaginables por quienes deseaban deshacerse de él, y que dejara de confrontarlos. Les molestaban sus declaraciones. En ese entonces también se alegó que el que nada debe, nada teme, y publiqué una columna con la misma advertencia que, en el medio político ideológico, el que nada debe hace bien en temer la aplicación torcida de lo que se llama institucionalmente “justicia, pero que es venganza.
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