El pésimo arranque del INE

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Contrariamente a lo que pretendía al establecer un procedimiento que privilegiaba la experiencia y los conocimientos electorales por encima del compromiso democrático, los vínculos con la sociedad civil y los liderazgos reconocidos en sus comunidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) resultó muy dañado en su primera gran prueba: la integración de los consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Entre las razones de este fracaso destacan el error conceptual de inicio; el mal diseño del procedimiento de selección; fallas de implementación; la conformación de un bloque de consejeros para sacar adelante a sus candidatos, y las disposiciones legales que permiten las maniobras de los actores políticos para capturar los consejos estatales.

El error original fue pensar que integrar consejos estatales bajo la lógica de privilegiar conocimientos y experiencia electoral blindaría la actuación del Consejo General al pretender establecer fundamentalmente criterios cuantitativos. Esta lógica desvirtuó la razón de ser de los organismos autónomos desde el momento en que se impuso un órgano de dirección ciudadanizado y cuando se fijaron perfiles para dichos puestos más propios de un servicio profesional de carrera; además, no permitió la creación de un procedimiento robusto y a prueba de las perversiones de los partidos políticos y sus personeros en el Consejo General.

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De este error deriva en buena medida el mal diseño del procedimiento: libraron bien las dos primeras etapas, pero no logran superar satisfactoriamente las otras tres. La primera etapa -verificación del cumplimiento de requisitos legales y de la convocatoria- era sencilla, y así resultó; el examen de conocimientos, delegado al Ceneval, estaba totalmente automatizado y, por lo tanto, cualquier cuestionamiento era fácilmente superable.

Los problemas empezaron en la calificación del ensayo, pues se reclutó a un grupo de académicos que evaluaron un determinado número de ensayos sin siquiera saber el nombre de los sustentantes. Como sólo había un evaluador por sustentante, la calificación aprobatoria o reprobatoria quedaba sujeta a su criterio; aquí no había sistema de control.

Algunos de los sustentantes excluidos impugnaron los resultados, ante lo cual el INE abrió la puerta a la revisión aun cuando en este proceso, que no se hallaba previsto en el procedimiento, se perdió el anonimato, pues evaluador y sustentante se trataron de manera directa. Peor aún fue el hecho de que se reconsideraran algunas de las calificaciones. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyó a desvirtuar todavía más el procedimiento al diseñar el suyo propio, lo que implicaba la presencia de tres evaluadores frente al sustentante.

Por lo demás, la revisión curricular no sólo abrió la puerta a la discrecionalidad, sino a la perversa conformación de bloques de consejeros para impulsar a sus candidatos. Ante la ausencia de criterios y ponderaciones claras y transparentes, fueron nuevamente los mismos consejeros quienes dieron al traste con la dinámica.

Todo indica que un grupo de cinco consejeros (cuatro de ellos impulsados al consejo por el PRI) se puso de acuerdo para evaluar en forma idéntica a todos los sustentantes. Según información publicada por el periódico Reforma, eso les permitió colocar a 95% de los aspirantes a consejeros que pasaron a la última etapa.

Las sospechas en cuanto a todo el procedimiento se elevaron nuevamente por el hecho de que en esta etapa los números de los aspirantes que pasan a la siguiente fase es muy variable: lo mismo sacan a algunos (supuestamente por las observaciones de los partidos) que incluyen a otros (por razones todavía no muy claras, pues las explicaciones de los consejeros son contradictorias). Esto confirma lo discrecional y arbitrario de los criterios para seleccionarlos.

Y, finalmente, está el factor de la legislación deficiente, toda vez que entre las explicaciones dadas para justificar los cambios en el número de los candidatos aprobados se encuentra la de que fueron eliminados porque los partidos políticos mostraron que tenían militancia partidista y que incluso habían representado recientemente a alguna de estas organizaciones en las instancias electorales. El problema en este caso es que, de acuerdo con la legislación electoral, la militancia no es una razón para excluirlos de la lista, y si la representación es una función directiva o no, eso quedará totalmente a criterio del TEPJF.

Así, la única certeza en estos momentos es que el procedimiento resultó muy vulnerable y que los vaivenes de la autoridad electoral evidenciaron lo arbitrario y discrecional de los criterios de selección en estas últimas etapas, con lo cual el blindaje (del que tanto presumieron los integrantes del consejo del INE) se desmoronó, además de evidenciarse que la integración de los consejos de los Oples sí está sujeta a criterios partidistas. Incluso existen suficientes elementos para presumir que el bloque de cuatro consejeros priistas (encabezados precisamente por el presidente de la Comisión de Vincu­lación, que coordina todo el procedimiento, Marco Antonio Baños) operó para integrar consejos proclives al tricolor.

Todo indica que la designación de los consejeros de los 18 Organismos Públicos Locales Electorales, programada para el próximo martes 30 de septiembre, será muy cuestionada por algunas de las fuerzas políticas que se sienten afectadas por la manipulación del procedimiento… mal inicio del proceso electoral 2015.

Pero todavía más preocupante será que los cuestionamientos se concentren en entidades donde se elegirá gobernador en junio próximo, y que esos reclamos provengan de una fuerza política con posibilidades reales de ganar la elección, pues eso implicaría repetir el error de 2006, pero ahora a nivel de los estados.

Hay que estar particularmente pendientes de la integración de los consejos en las nueve entidades donde se efectuará elección de gobernador, pues podría estarse gestando un conflicto electoral incontrolable, en particular porque los estados involucrados (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora) presentan una diversidad de características complejas.

En estos momentos la única opción que tiene el Consejo General del INE es intentar salir lo menos mal librado posible, y eso implica que ya no podrá evitar la percepción de que el procedimiento estuvo manipulado; simplemente debe buscar desactivar -hasta donde sea posible- eventuales conflictos postelectorales en junio del próximo año, lo cual -a estas alturas del procedimiento- casi lo obliga a ser sensible a las presiones de la partidización, pero cuidando de no dejar fuera a ninguna de las fuerzas políticas importantes en cada una de esas nueve entidades; el asunto, pues, ya no estriba en procurar que los gobernadores y los partidos políticos saquen las manos de los consejos, sino en cuidar que todos tengan las mismas oportunidades de meterlas, y esto, si bien no abona a favor de la construcción de la democracia, por lo menos aspiraría a nivelar la arena electoral.


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