Tenemos un proceso electoral excesivamente reglamentado y autoridades electorales que deciden de manera contradictoria y cediendo a presiones.
La primera regla para entender una sociedad aconseja examinar si la retórica coincide con la realidad.
Daniel Innerarity.
Es condición de una buena técnica jurídica que las leyes sean flexibles en su elaboración y rígidas en su aplicación. En México hemos hecho lo contrario. La ley electoral no permite interpretación alguna y, por tanto, debe operar el principio del derecho romano: “En la claridad no cabe la interpretación”. El fallo del TEPJF, de revocar la decisión del INE (cancelación de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Durango y Zacatecas), sienta un grave precedente. Esta decisión no está a criterio de nadie. Si no se presentan los informes de las precandidaturas en tiempo y forma, las consecuencias son contundentes.
El Tribunal está legislando y cae en una grave contradicción al darle prioridad al derecho a ser votado y a la libertad del ciudadano a votar. ¿Por qué no hizo lo mismo en el caso de Marcelo Ebrard? Si ese criterio va a operar, ¿por qué la ley señala requisitos y procedimientos? Bien lo dice Ciro Murayama: “Ya es prácticamente una norma que decisión que toma el INE, la impugnan ante el tribunal, entonces tenemos un circuito de alta litigiosidad”.
Nuevamente le funciona a Andrés Manuel López Obrador su ya eficaz estrategia: violar la ley, amenazar a la autoridad, hacerse la víctima y lograr el perdón. Lo mismo bloqueando pozos y convocando a la ciudadanía a no pagar el servicio de energía eléctrica en Tabasco, que haber sido candidato al gobierno del Distrito Federal cuando no cumplía el requisito de residencia, que cerrar por varias semanas el Paseo de la Reforma o violar amparos. En todos los casos, la autoridad recula y él aumenta su preferencia electoral.
Recientemente la pluma siempre acertada de Jaime Sánchez Susarrey encontraba coincidencias entre AMLO y Donald Trump. Sin embargo, no mencionó que los dos convocan a violar la ley y manifiestan una absoluta falta de respeto hacia los ordenamientos y hacia las instituciones. Trump habla de retener las remesas de los mexicanos o de obligar a México a construir un muro. La actitud es la misma: el que manda soy yo y si me equivoco, vuelvo a mandar. Por eso Andrés Manuel ha perdido tantos aliados en sus luchas políticas.
En trece estados habrá elecciones. Están pendientes varias impugnaciones que el TEPJF deberá resolver. Entre ellas, las de Alejandro Murat y Benjamín Robles en Oaxaca. En el primer caso, por una flagrante violación al artículo 116 constitucional que exige haber nacido en el estado o tener una residencia probada de cinco años antes de la elección. El segundo caso es por haber participado en dos procesos electorales (misma situación de Ebrard).
Tenemos un proceso electoral excesivamente reglamentado y autoridades electorales que deciden de manera contradictoria y cediendo a presiones. La impunidad para castigar al PVEM ha tenido como consecuencia el enorme malestar de la ciudadanía. El contubernio es ostentoso y debilita aún más nuestro débil Estado de derecho. Estamos en un ambiente de ambigüedades y de incertidumbres.
El gran jurista Jorge Carpizo decía que hemos hecho normas presumiendo la mala fe, producto de una acumulada desconfianza de todo y de todos. Bastó que López Obrador amenazara con juicio político a las autoridades y retirar a sus candidatos para que los magistrados del máximo órgano electoral doblaran las manos. ¿O acaso fue la presión del PRI para dividir el voto de la oposición y así garantizar su triunfo? Vaya usted a saber. Lo cierto es que el TEPJF aplastó la ley.
Malos augurios para las elecciones de este año y peores para el 2018.
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