En los últimos años, el delito de violación equiparada ha permanecido como una preocupante constante en la realidad social y jurídica de México. Según datos recopilados por TResearch INTERNATIONAL a partir de cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este crimen no solo refleja un problema estructural de seguridad pública, sino también desafíos en materia de justicia y protección hacia las víctimas.
En enero de 2025, se registraron 439 denuncias por violación equiparada en todo el país, cifra que muestra una estabilidad en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta aparente “estabilidad” no debe interpretarse como un logro, ya que las cifras absolutas siguen siendo alarmantes. Este tipo de delito —que incluye actos de abuso sexual cometidos bajo ciertas circunstancias específicas, como el uso de la fuerza o aprovechamiento de la incapacidad de la víctima para resistir— sigue afectando profundamente a comunidades enteras, dejando cicatrices físicas, emocionales y sociales difíciles de sanar.
Desde una perspectiva histórica, los casos de violación equiparada han seguido una tendencia preocupante. Entre 2015 y 2021, se observó un crecimiento significativo en el número de denuncias, alcanzando su punto máximo en 2021 con 7,455 casos reportados. Aunque hubo una disminución en años recientes, esto no necesariamente implica una reducción real del delito, sino posibles factores asociados al subregistro o a la falta de confianza en las instituciones encargadas de atender estos casos.
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis realizado por TResearch es la concentración geográfica de las denuncias. Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, tres entidades federativas han destacado por acumular casi la mitad de todos los casos reportados: la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y Hidalgo concentran el 46% de las denuncias por violación equiparada. Esto plantea preguntas fundamentales sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que propician mayores niveles de vulnerabilidad en estas regiones.
Por otro lado, cuando se analiza la tasa de denuncias por cada millón de habitantes, Campeche, Hidalgo y la CDMX lideran el ranking. Esta medición permite identificar aquellas entidades donde la incidencia del delito es más alta en relación con la población total, lo que puede ser clave para orientar políticas públicas específicas. Por ejemplo, en estados como Campeche, las tasas elevadas podrían estar vinculadas a problemas de acceso a servicios de salud, educación y seguridad, así como a patrones culturales que perpetúan la impunidad.
Otro dato relevante es la variación anual entre 2024 y 2025. En enero de 2025, algunos estados mostraron incrementos significativos en las denuncias, mientras que otros experimentaron descensos. Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche fueron algunas de las entidades donde se registraron aumentos preocupantes. Este fenómeno podría estar relacionado con diversos factores, como cambios en la percepción ciudadana sobre la importancia de denunciar o incluso con dinámicas locales de inseguridad.
El estudio también destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención. Las altas cifras de violación equiparada evidencian fallas en la implementación de políticas públicas dirigidas a proteger a grupos vulnerables, especialmente mujeres y niñas. La falta de acceso a justicia, la revictimización durante los procesos legales y la normalización cultural del abuso sexual son barreras que deben abordarse urgentemente.
Finalmente, vale la pena resaltar que las cifras presentadas en este informe representan únicamente los casos denunciados. Muchos expertos coinciden en que existe un subregistro considerable debido al miedo, la vergüenza o la desconfianza en las instituciones. Para combatir este flagelo, es indispensable promover campañas de sensibilización, garantizar el acceso a canales seguros de denuncia y asegurar que los responsables enfrenten consecuencias reales.
En conclusión, aunque las estadísticas muestran cierta estabilidad en las denuncias por violación equiparada en los últimos meses, el panorama general sigue siendo desalentador. El reto para México no radica solo en reducir los números, sino en construir una sociedad donde todas las personas puedan vivir libres de violencia y discriminación. Solo a través de un esfuerzo conjunto entre autoridades, organizaciones civiles y ciudadanía será posible avanzar hacia ese objetivo.
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