En México hay una industria que prospera al margen de cualquier crisis, la de los aplausos al gobierno. Sus operadores no necesitan investigar, contrastar versiones ni incomodar al poder. Les basta una cámara, un micrófono y una sorprendente flexibilidad de columna vertebral. Su mercancía es la obediencia y su producto, la propaganda disfrazada de periodismo. Si a esta maquinaria hubiera que ponerle nombre, sería el Cártel del Aplauso. Y el capo tiene nombre y apellido, Jesús Ramírez Cuevas.
El antiguo vocero de López Obrador y actual coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum no es un personaje secundario. Durante años ayudó a construir un sistema que convierte las conferencias presidenciales en escaparates de propaganda, amplifica consignas en redes sociales y responde a las denuncias con ataques contra quienes las publican. La mañanera, presentada como ejercicio de rendición de cuentas, terminó siendo también una herramienta para administrar preguntas y lealtades, y fabricar distractores.
No son sospechas, son números. Esta semana, los periodistas Nayeli Roldán y Manuel Toral exhibieron las profundas desigualdades en el acceso al micrófono presidencial tras analizar 485 mañaneras de Sheinbaum durante sus primeros dos años de gobierno. Nancy Flores y Hans Salazar, comunicadores afines al oficialismo, recibieron 71 y 68 turnos para preguntar, respectivamente. En contraste, la periodista independiente Reyna Haydeé Ramírez obtuvo apenas 14. Es decir, los comunicadores oficialistas tuvieron casi cinco veces más oportunidades de cuestionar a la presidenta. Lejos de ser un auténtico ejercicio de rendición de cuentas, las conferencias matutinas son una puesta en escena donde la complacencia tiene acceso preferente al micrófono y las voces críticas quedan relegadas.
El dinero añade otra dimensión. Proceso documentó una red de agencias de comunicación política que ha recibido al menos 345 millones de pesos en contratos públicos y que opera en torno a la estrategia propagandística de Morena y del gobierno. También reveló adjudicaciones por 84 millones de pesos para producir Los años heridos, serie en la que Ramírez Cuevas figura como “asesor general” y donde aparecen personas cercanas a él. A esto se suman los señalamientos de corrupción alrededor de los contratos de impresión de Regeneración, periódico fundado por el propio Ramírez, y la asignación de publicidad oficial a medios afines. Existen razones de sobra para investigar cómo se distrae el dinero de los contribuyentes en propaganda política.
Las acusaciones más graves, sin embargo, provienen del propio corazón del obradorismo. En su libro Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de López Obrador, sostiene que Ramírez Cuevas abrió las puertas del poder a Sergio Carmona, conocido como el rey del huachicol, señalado por aportar recursos ilícitos a campañas de Morena. Según ese relato, habría facilitado contactos con Mario Delgado y otros integrantes de la cúpula morenista.
Scherer también atribuye a Ramírez Cuevas un papel central en el decreto de 2022 que concedió compensaciones vitalicias a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en medio del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. El esquema, según el exconsejero jurídico, generaría obligaciones cercanas a 27 mil millones de pesos y se habría utilizado para construir lealtades políticas, intervenir en disputas sindicales y favorecer la aspiración de Clara Brugada a gobernar la capital. La denuncia plantea que los recursos destinados a resolver un conflicto laboral también habrían sido utilizados para sostener el sistema de propaganda política a favor de los intereses del obradorismo.
Lo descarado del trabajo del Cártel del Aplauso de Ramírez Cuevas salta a la vista en el caso Taddei. Frente a las investigaciones sobre contratos y conflictos de interés en el INE capturado por Morena, Sheinbaum prefirió concentrarse en Lorenzo Córdova por el nombramiento de Guadalupe Taddei en Sonora en 2014. Es la especialidad del cártel, cambiar la pregunta, encontrar otro culpable y conseguir que una multitud de voces repita la coartada. No explica los contratos actuales o la colonización del instituto, pero llena horas de conversación mientras los propagandistas hacen maromas para deslindar a Morena de cualquier responsabilidad.
El daño no se limita a una conferencia ni a un funcionario. Cuando el poder reparte atención, contratos y micrófonos según la conveniencia de su relato, la discusión pública deja de girar en torno a hechos y se convierte en una competencia de consignas. El periodismo exige incomodar al poderoso, no hacerle reverencias. Y si el Cártel del Aplauso prospera gracias al dinero público, lo mínimo es conocer a sus beneficiarios, seguir la ruta de los recursos y exigir cuentas a quien aparece como su capo político. Porque una cosa es defender al gobierno por convicción y otra muy distinta cobrar por hacerlo mientras se presume independencia. Lo primero es una postura política; lo segundo, cuando se oculta quién paga, es propaganda disfrazada de periodismo.
López Obrador les enseñó que la mentira puede repetirse hasta convertirse en consigna; Sheinbaum les garantiza el micrófono y Ramírez Cuevas se encarga de mantener aceitada la maquinaria. Pero ningún régimen puede esconder indefinidamente sus escándalos detrás de una ovación. El Cártel del Aplauso podrá ensordecer el debate público, perseguir a sus críticos y fabricar enemigos imaginarios, pero hay algo que ni todos sus propagandistas juntos pueden conseguir, que la corrupción desaparezca por el simple hecho de aplaudirla.


















