3,8 millones de personas en una espera incierta, por la justicia migratoria en Estados Unidos. Lo que se agrava por una distribución desigual que condiciona los tiempos y las probabilidades de resolución. Y que en datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) revelan que ello responde a diferenciaciones según el estado, el juez asignado y el país de origen del solicitante. Identificando a Florida con 528.203 casos pendientes, seguida por Texas, California, Nueva York y Nueva Jersey, que en total acumulan el 54 % de los pendientes del país, lo que se convierte en el principal foco de congestión. Y por su parte Illinois, Massachusetts, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee superan colectivamente los 756.000 casos, evidenciando que el problema es generalizado.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., atribuye como causa de esta problemática “la falta de reacción por la incapacidad institucional que no crece al mismo ritmo que la demanda, lo que también impacta directamente en los tiempos de espera”. Además del desequilibro en la distribución de los 673 jueces migratorios en todo el país, lo que no necesariamente corresponde a la carga de casos. Así, mientras California, Texas y Nueva York tienen gran parte del cuerpo judicial, otros territorios operan con recursos significativamente limitados.
Florida, por ejemplo, acumula (528,203 casos) con asignación de 8,803 por juez, mientras Texas y California, registran 5,171 y 3,854 casos respectivamente por juez, esto debido a la disponibilidad de más magistrados. Y así, la capacidad de reacción judicial difiere en cada estado. En Nebraska (10,667), Tennessee (10,337) y Utah (9,869), aumenta la carga individual por juez cuyo número es inferior. Y en Virginia (971) y Arizona (1.636) se evidencia que una mayor proporción de jueces puede reducir significativamente la presión.
“Cuando los tiempos de respuesta varían significativamente según la jurisdicción, la calidad de justicia se muestra desigual, aspecto difícil de ignorar”, agregó el abogado Quiroga.
Más del 75 % de los casos implican a Latinos: Venezuela (15.2 %) y México (13.9 %) lideran la lista y más de la mitad se ubican en Guatemala, Honduras y Colombia. Los que adicionalmente se enfrentan a desafíos extras como el acceso a representación legal, el idioma y las dificultades socioeconómicas.
En 2015 hubo poco más de 658,000 casos pendientes; para 2024, la cifra alcanzó los 3,8 millones, con un aumento del 29 % solo en ese año, el más alto de toda la serie. Congestión que se muestra exponencial. “Cuando la capacidad institucional no crece al mismo ritmo que los casos, la consecuencia es una espera que se prolonga y se vuelve cada vez más difícil para quienes están dentro del sistema”, concluyó el abogado Quiroga.
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